Gerardo Flores
El Economista
Con la entrega de la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado viernes 31 de agosto, si bien concluyó de manera oficial el proceso electoral federal, en realidad, inició el periodo durante el cual el Presidente electo y su equipo procederán a estructurar sus planes de gobierno para el periodo 2012-2018. Sin duda, se trata de un desafío de grandes dimensiones.
Por lo que hace al sector telecomunicaciones, los desafíos no son menores. Si bien la administración del presidente Calderón entregará algunos avances que no se pueden menospreciar, no existe duda de que en este sector México aún tiene muchas cosas por hacer.
Ello, porque en México los usuarios seguimos pagando tarifas muy por encima de las que podrían prevalecer si hubieran mejores condiciones de competencia, seguimos recibiendo servicios con calidad insuficiente y, peor aún, seguimos viendo a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a servicios de telecomunicaciones modernos y eficientes; millones de mexicanos que aún no cuentan con acceso de banda ancha o bien, millones que sí cuentan con acceso a este tipo de infraestructura, pero bajo condiciones de calidad del servicio inadecuadas.
En este contexto, corresponde preguntarnos ¿qué ha provocado que en los últimos 12 años México presente magros resultados en materia de telecomunicaciones? ¿Es el marco legal? ¿El marco institucional? ¿Se trata de fallas en el arreglo de disposiciones de tipo administrativo que expide y utiliza el gobierno federal de manera cotidiana para adoptar sus decisiones regulatorias? ¿Es la insuficiente cantidad de recursos públicos que se destinan para financiar el servicio universal? ¿Es una combinación de las cuatro? En mi opinión, se trata de una combinación de las cuatro. Está la ya demostrada ineficacia de las disposiciones vigentes en materia de regulación de dominancia, es decir, que no contamos con el esquema adecuado para regular ex–ante el poder dominante de jugadores como Telmex y Telcel. La consecuencia de ello es que, a 16 años de que se abriera el sector telecomunicaciones a la competencia, los rivales –los que aún permanecen en el mercado mexicano- de estos operadores siguen padeciendo el enorme poder con el que Telmex y Telcel se desenvuelven en México, ya sea con retrasos en la interconexión, con retrasos en la entrega de enlaces, con fijación de tarifas arbitrarias para servicios conexos a la interconexión, entre otras diversas prácticas.
Naturalmente, cuando en un mercado no se regula de manera eficaz al operador dominante, los rivales de éste tienden a operar con costos por encima de los que deberían enfrentar y la innovación en la oferta de servicios tiende a ser mucho más complicada para los competidores. La consecuencia lógica es que inviertan menos de lo que sería óptimo desde el punto de vista económico para poder ofrecer sus servicios no sólo a más usuarios, sino para llegar a zonas donde no tienen presencia.
Otro de los problemas que han afectado el buen desempeño del sector es el inadecuado arreglo institucional entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC). Debe eliminarse ya la tan estudiada “doble ventanilla” entre la SCT y la Cofetel, pero también debe eliminarse el desproporcionado balance de poder entre el Presidente de la Cofetel y los demás comisionados que integran el pleno de este órgano regulador.
Por el lado de las disposiciones administrativas, es un hecho que se requiere una revisión a fondo de éstas, pues muchas de las que hoy están vigentes fueron expedidas para un ecosistema de servicios de telecomunicaciones que hoy ya no existe. En este esfuerzo, debe incluirse el título de concesión de Telmex, diseñado también en un mundo en el que no existía la banda ancha, por ejemplo.
Esto último no es menor pues, a diferencia del caso de los títulos de concesión de los demás operadores, estamos frente a un instrumento que es en sí mismo un instrumento regulatorio.
Finalmente, está el tema de la necesaria estructuración de una agenda digital que contemple, además de un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, el uso de recursos públicos para fondear la expansión de infraestructura de banda ancha, por un lado, y fomentar la adopción por parte de los mexicanos de los servicios que se prestan sobre estas redes.
Se trata de una combinación de cambios legales y administrativos que deben ser impulsados con liderazgo desde el Poder Ejecutivo como parte de una agenda de políticas públicas para el sector, con el objeto de que, al término de su mandato, el ahora Presidente electo Enrique Peña Nieto pueda estar satisfecho de que la sociedad mexicana es más conectada e informada.
