Gerardo Flores
El Economista
El pasado fin de semana se suscitó un problema de calidad en la prestación del servicio de telefonía móvil suministrado por Telcel, un problema que directivos de este concesionario reconocieron, según palabras del Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Los concesionarios del servicio de telefonía móvil en nuestro país, y me refiero a todos, se han colocado en diferentes momentos a lo largo de la historia de la competencia en el mercado de servicios móviles, en situaciones en las que el servicio que proporcionan a sus usuarios es deficiente o de mala calidad, es decir, el problema de la calidad en la prestación del servicio de telefonía móvil no es nuevo.
En una reacción poco meditada en las redes sociales, el Presidente Comisionado de Cofetel cuestionó que el que escribe no hubiera presentado a la fecha una iniciativa para resolver este tipo de problemas de calidad. De hecho, previo a ese arranque de nerviosismo tuitero, se dedicó a dar a entender que el problema se resolverá otorgando a la Cofetel la atribución para imponer sanciones, así como incrementar el monto de dichas sanciones.
Una aclaración, si bien es cierto que no presenté iniciativa sobre el tema, en marzo del 2011 presenté en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el que se exhortaba a la Cofetel adoptar medidas para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil. El punto de acuerdo fue aprobado en septiembre de ese mismo año por el pleno de esa Cámara, respecto del cual la propia Cofetel remitió su respuesta en junio del 2012, publicada en la gaceta parlamentaria el 4 de junio de ese año, respuesta bastante escueta por cierto, prácticamente sin atender la sustancia de lo planteado.
Evidentemente, no me opongo a la idea de darle a la Cofetel atribuciones para que imponga las sanciones, ni a la idea de que se incrementen los montos de las mismas. Pero, ojo, ello no representa en sí mismo una solución al problema. La solución a este tipo de problemas está más en la consistencia en las decisiones de las autoridades y la credibilidad de las mismas.
Para empezar, no existe evidencia al día de hoy, al menos pública, de que la Cofetel, que tanto se cansa de anunciar su supuesta preocupación por los usuarios de servicios de telecomunicaciones de este país, haya referido a la Procuraduría Federal del Consumidor una resolución en la que establezca con nitidez el hecho de que algún concesionario haya presentado un problema generalizado en la calidad del servicio de telecomunicaciones que provee al mercado, en determinada ciudad o región. Para que esta autoridad tenga a su vez los elementos para poder hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prevé la figura de la bonificación en virtud de la prestación deficiente de un servicio, en este caso, el de telefonía móvil.
En el punto de acuerdo al que me refiero, se solicitó también a la Profeco, en el resolutivo quinto de dicho instrumento, para que iniciara los procedimientos administrativos para que ordenara a los concesionarios del servicio móvil que se encontraran en esa situación a que bonificaran a los usuarios. Tristemente, la Profeco nunca respondió.
A eso es a lo que yo llamo consistencia, o en este caso, falta de consistencia. Ni la Cofetel remitió, ni ha remitido, resolución alguna a la Profeco en la que indique fechas y coberturas geográficas donde algún concesionario haya presentado problemas de calidad en la prestación del servicio móvil concesionado, así como tampoco existe constancia pública de que la Profeco le hubiere solicitado una opinión en tal sentido, con el propósito de obligar a los concesionarios de que se trate a bonificar a los usuarios por la mala calidad del servicio. Así que antes de pedir que se cambie el marco legal para que, según ellos, puedan actuar, sería mejor que traten de utilizar las disposiciones legales que tienen a su alcance.
Mientras ello no ocurra, la credibilidad del regulador seguirá siendo baja o nula, y no me refiero a la credibilidad frente a la comunidad tuitera, sino a la credibilidad frente a sus regulados. Porque para que la actuación del regulador tenga eficacia, sus decisiones deben gozar de absoluta credibilidad frente a los regulados.
En este sentido, cualquier intento de ganar credibilidad frente a los regulados en el sector telecomunicaciones se arroja por la borda cuando el Comisionado Presidente de la autoridad reguladora declara que a Telmex se le impusieron condiciones de imposible cumplimiento -en el `Convenio Marco de Interconexión`-. ¿Así o más claro sobre su convicción para regular al operador dominante?
