Como ustedes saben, el presidente Enrique Peña Nieto remitió ayer al Senado de la República la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se trata de un proyecto cuya construcción sin lugar a dudas revistió una enorme complejidad. Lamentablemente, no habían transcurrido ni cinco horas de su difusión cuando algunas voces ya estaban denostándola, aderezándole adjetivos y, por qué no, juzgándola de manera sumaria.
El proyecto presentado por el Ejecutivo federal puede no gustar a muchos, pero no por ello se justifica que de manera prácticamente inercial salgan a cuestionarla en su conjunto. No debe pasarse por alto que se trata de una propuesta que remite al Congreso para su discusión y votación. En este proceso parlamentario debe prevalecer la seriedad para entender cuáles son los problemas que buscó resolver la reforma constitucional y cuál es la forma en la que la propuesta de legislación secundaria trata de atender esos problemas. Para esta tarea resulta imperativo conocer qué han hecho otros países para resolver las cuestiones que aquí buscamos resolver, qué de lo hecho funcionó bien y por qué, también qué no funcionó y la razón de ese fracaso. Obvio, no podemos dejar de lado tener bien identificados los obstáculos que impidieron que los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión funcionaran en forma adecuada en México.
Lo anterior significa que no podemos olvidar que un problema central de México es la ausencia de competencia efectiva en el sector telecomunicaciones desde que éste se transformó a partir de la privatización de Telmex en 1990 y que se abrió a la competencia en 1996. Que esa ausencia de competencia efectiva se tradujo en niveles de concentración sin comparación en el mundo. No hay un país donde hoy en día un solo operador móvil concentre 70% del mercado o más, como aquí en México lo hace Telcel. Algo más o menos parecido observamos en el caso de la telefonía fija. Este problema que algunos analistas o pseudo expertos no quieren ver o reconocer, sí fue plenamente identificado y señalado por la OCDE en 2012 como una situación que genera un costo en bienestar de 26,000 millones de dólares por año a los mexicanos.
La iniciativa enviada por el presidente Peña al Senado ayer contiene disposiciones que buscan atender este problema. Lo que hoy cuestionan algunos pareciera que es justamente eso. Querían que la propuesta del presidente se enfocara prácticamente sólo a imponer regulaciones en el segmento de televisión abierta. Eso es lo que transmite el malestar de quienes ayer empezaron a quejarse. Pero ese malestar pareciera también estar alimentado por el hecho de saber que la propuesta presidencial contiene disposiciones que sí buscan resolver el problema de fondo que tanto perjuicio ha causado al bolsillo de los mexicanos, en beneficio del bolsillo de uno solo.
La displicencia para hacerse de la vista gorda respecto del elevado costo en bienestar que genera la falta de competencia efectiva en telecomunicaciones y sólo concentrarse en los problemas que nadie niega existen en el sector radiodifusión está siendo llevada a niveles sin precedente. Ese es el mensaje que los mesías ya conocidos envían a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y en general a los mexicanos: su bienestar nos vale un cacahuate.
A mí no, por eso mantengo una posición firme en este tema.
*El autor es senador de la República.
