Gerardo Flores/ El Economista
Mañana inicia para nuestro país un año de grandes desafíos. Me refiero a eventos que necesariamente deberán ocurrir para que las reformas aprobadas en este 2013, que hoy llega a su término, logren los resultados pretendidos, o de manera más precisa, que se traduzcan en mayor bienestar para todos los mexicanos.
Hablar de mayor bienestar significa que todas las familias mexicanas, sobre todo las de ingresos más bajos, vean incrementadas sus posibilidades de allegarse satisfactores, mediante la combinación de mayores ingresos y de mejores precios. Para aspirar a ello, es necesario que se eleve la productividad en todos los sectores de la economía, para lo que resulta indispensable que invirtamos en nuestro capital humano, con más años de escolaridad promedio y mayor calidad educativa.
Para todo ello se realizaron diversas reformas en este año. Son reformas que tomarán su tiempo de maduración, pero una vez implementadas de manera adecuada, colocarán a México sobre una mucho mejor ruta de desarrollo que sobre la que hoy en día transitamos.
Para que las cosas no se queden en buenos deseos se requiere que apenas inicie el nuevo año, los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los nuevos órganos constitucionalmente autónomos creados en la segunda mitad del 2013, pongan manos a la obra en las distintas tareas que cada uno tiene.
Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, tanto el gobierno federal como el Ifetel deberán llevar a cabo las tareas que la Constitución ya les encomienda de manera expresa.
Por su parte, el Congreso de la Unión iniciará un periodo ordinario de gran intensidad y trabajo arduo para analizar, discutir y votar los proyectos de legislación secundaria que darán eficacia a las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, por un lado, y por otro, a la relativa en la materia energética.
En materia de telecomunicaciones, es de suma importancia que los distintos actores no pierdan de vista que para lograr precios más competitivos y mejores oportunidades de elección para los consumidores, se debe construir un proyecto de legislación que atenúe el poder de mercado del operador que por diversas razones hoy mantiene cautiva a una enorme proporción del mercado de telefonía, fija y móvil, así como del mercado de banda ancha, también fija y móvil. Se requieren nociones de los fundamentos económicos de los mercados de telecomunicaciones y de radiodifusión desde luego. Si en lugar de entrar en forma seria a esa discusión, caemos en la tentación de distraernos en discusiones filosóficas sobre aspectos intangibles que no tienen ningún efecto sobre competencia, la disponibilidad, las tarifas y la calidad de los servicios de telefonía fija y móvil, de los servicios de banda ancha fija y móvil o de los servicios de video, habremos perdido no sólo el tiempo, sino la oportunidad para ofrecerle mejores oportunidades de desarrollo a las familias y empresas mexicanas.
Ojo, corregir los defectos estructurales del sector telecomunicaciones no significa que el Estado entre a subsanar las fallas con dinero, infraestructura pública o bienes nacionales, dejando todo lo demás sin alterar, particularmente en temas en los que México ha fracasado, como son los relativos la interconexión, el acceso desagregado, las medidas para remediar ex-ante el poder de mercado y las medidas para remediar ex-post el comportamiento anticompetitivo. Cualquier solución que no atienda tales temas servirá sólo para el discurso y la foto.
En materia energética, el desafío es sin duda aún mayor. A ello me referiré en una siguiente entrega.
El autor es Senador de la República.