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Iglesias y transnacionales: apego a la ley

El Poder Judicial ha dejado claro que somos un Estado laico, basta ver la sentencia del Juzgado 2o especializado en Radiodifusión y Telecomunicaciones.

2019-03-15

No es la primera vez, ni la última, que alguna asociación religiosa promueve una acción para tener sus propias estaciones de radio o televisión, y acceder a las redes de telecomunicaciones. Ya es la segunda ocasión, en el último mes, que las iglesias evangélicas se reúnen con el Presidente de la República y le piden poder contar con medios de comunicación, como lo publicó ayer este diario.

Se debe tener muy claro que existe una prohibición legal: el Poder Judicial ha dejado claro que somos un Estado laico, basta ver la sentencia del Juzgado 2o especializado en Radiodifusión y Telecomunicaciones, en el amparo indirecto 240/2018 promovido por Reflexiones Radiofónicas, A.C., en la que un ministro del culto solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) una radiodifusora para la plaza de Comalcalco, Tabasco, lo que fue negado por la limitante legal.

Recordemos que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna; tampoco podrán -en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso- oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar los símbolos patrios.

Del último aspecto valga un ejemplo ilustrativo: es conocido que ciertos cultos prohíben el ejercicio y práctica de los honores a los símbolos patrios; si se les permite la operación de estaciones de radiodifusión, sus creencias chocarían con la obligación legal de transmitir al final y al inicio de sus transmisiones el himno nacional.

De esa manera, si se cede a favor de que haya estaciones radiodifusoras de carácter religioso se estaría propiciando que un“poder” religioso se desbordara hacia asuntos o aspectos de la vida social, particularmente los asuntos públicos y políticos, de los cuales tienen vedado participar tanto las asociaciones religiosas como los ministros de culto. Las razones históricas las conocemos, sería una decisión con efectos perniciosos.

¿Alguien se atreverá a ir contra la historia y los principios juaristas?

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