Desde la publicación de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones, el 11 de junio de 2013, se facultó, en el artículo 28 constitucional, a la Cámara de Diputados para que dos terceras partes de sus miembros, pudiesen nombrar al titular de la contraloría interna del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Han pasado casi cuatro años de este evento, y a la fecha el IFT opera, administra, y regula sin ningún contrapeso en términos de un órgano de vigilancia propio. La pregunta es si los comisionados del IFT hubieran tomado otro tipo de determinaciones a sabiendas de que estaban vigilados por una contraloría interna. Probablemente no, pero la pura existencia de la instancia de supervisión, hace tomar decisiones más y mejor razonadas.
Ahora bien, esta situación no es culpa del órgano regulador. La designación del contralor, como ya se mencionó, corresponde a la Cámara de Diputados. Lo peor del caso es que el asunto se repite para varios reguladores de otros sectores; la Comisión Federal de Competencia, o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por ejemplo.
Es decir, gracias al marasmo legislativo de nuestr@s diputad@s, varias dependencias reguladoras del país no cuentan con la integración y designación de un titular de sus respectivas contralorías internas. Cuatro años y contando. Al parecer el tema ya fue agendado para discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones, hasta el mes de septiembre. Así que tendremos que seguir esperando.
En otro tema. Trascendió que el IFT está por autorizar a América Móvil la compra de los 60 MHz de espectro radioeléctrico, que le quedaron a Grupo MVS de la banda de 2.5 GHz. De ser así, el IFT estaría contraponiendo sus propias resoluciones regulatorias a América Móvil, como agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones.
Sería un contrasentido otorgarle al operador “grandote” mayor acumulación de espectro, sobre todo a sabiendas de que la regulación asimétrica impuesta a esta empresa, no ha dado los resultados esperados. La concentración de mercado, medida ésta en usuarios e ingresos, prácticamente no se ha modificado a favor de la competencia.
Tan no ha avanzado la competencia, que en una revisión que acaba de terminar el IFT respecto a la regulación al preponderante, los comisionados decidieron endurecer las reglas, al grado de pedir la separación funcional de Telmex.
Parecería un contrasentido autorizarle a este operador una mayor cantidad de espectro —en demérito de sus competidores—, cuando por otro lado hay un reconocimiento de que la regulación de preponderancia no ha funcionado hasta ahora.
