2020.02.25
Esta semana concluye la gestión de Gabriel Contreras, como comisionado del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), quien pasará a la historia como el primer presidente que tuvo el órgano regulador autónomo que surgió con la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de junio del 2013.
La reforma constitucional significó cambios notables para las telecomunicaciones de nuestro país, sector que por muchos años permaneció en una suerte de inmovilismo regulatorio derivado del excesivo poder de mercado del histórico agente económico dominante. Entre los principales cambios se encontraba la conformación de un órgano regulador altamente especializado que fuera ajeno a intereses políticos y económicos, que sirviera, a su vez, para impulsar el resto de cambios necesarios para alcanzar la anhelada competencia efectiva en el sector, en beneficio de los usuarios mexicanos.
Claramente, la labor del primer responsable de capitanear el nuevo barco y de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del cúmulo de mandatos establecidos por el propio Constituyente en la reforma constitucional del 2013 y por el Congreso de la Unión en la ley federal del 2014 no resultaba nada sencilla. En ello, sin duda, hay que reconocer la actuación decidida y comprometida de Gabriel Contreras, tras rendir protesta como presidente del IFT el 10 de septiembre del 2013, después de haber sido elegido por el Senado de la República mediante una votación por cédula, de entre los siete comisionados que previamente habían sido votados.
Fueron muchas las acciones desarrolladas en muy poco tiempo por las distintas áreas y funcionarios del IFT, bajo el liderazgo de Contreras. Entre ellas destaca, de manera particular, la declaración de los agentes preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y el establecimiento del primer conjunto de obligaciones asimétricas para esos agentes; la construcción del andamiaje para transitar al nuevo modelo de concesión única que los legisladores establecimos en el marco legal, o bien la construcción del conjunto de disposiciones que debían adoptarse dentro de plazos relativamente cortos, a efecto de aterrizar lo dispuesto por el Congreso de la Unión. En el rubro de los precios de los servicios de telecomunicaciones los logros son notables: hoy no podemos dejar de reconocer que los mexicanos pagamos mucho menos y obtenemos mejores servicios que antes del 2013.
Como toda responsabilidad en el sector público, al hacer un balance de la gestión de un funcionario, resulta fundamental también reconocer que hay áreas o temas en los que quizá se podrían haber logrado mejores resultados. De manera específica considero, y sé que así lo piensan muchos en la industria, que por lo que hace a la vigilancia o verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, sobre todo de aquellos que tienen capacidad para imponer condiciones en el sector telecomunicaciones en México, hay lo que los expertos en procesos denominan “oportunidades de mejora”. Ésta es una tarea clave para cualquier regulador, particularmente porque este tipo de instituciones se establecen para que ayuden a que un sector funcione “como si estuviera en competencia plena”, porque se trata de mercados donde por diversas características, puede haber problemas para que la competencia se consolide por sí sola.
Hoy, a siete años de la reforma constitucional, hay importantes avances, pero aún no podemos afirmar que en México hay competencia efectiva en telecomunicaciones.
Por lo pronto, le deseo mucho éxito a Gabriel Contreras en sus siguientes proyectos.
