2021.11.03
Vía El Economista
La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones envió al Senado de la República su propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico, con el objeto de “que se atienda el grave problema de los costos del espectro que limitan el desarrollo del país”. La propuesta, no obstante, llegó tarde y no fue atendida por el Senado, que el mismo 26 de octubre aprobó las modificaciones a la ley de derechos. Es claro que aún si hubiera llegado con semanas de anticipación, la propuesta no habría sido atendida ya que la facción en el poder tenía la consigna de aprobarla sin chistar. La propuesta contiene ideas muy sensatas y, sin duda, sería apoyada por todo el sector telecomunicaciones. Vaya, nadie, salvo el gobierno en su afán recaudatorio, estaría en contra. Las propuestas son:
(i) 5G.- Reducir las contraprestaciones anuales por el espectro para desplegar servicios de quinta generación o 5G (bandas de 600 MHz, banda L, banda de 3.3-3.45 GHz y banda de 3.45 a 3.6 GHz). México va tremendamente retrasado en la asignación de espectro para 5G, que por su alta capacidad y velocidad en la transmisión de datos, será una verdadera revolución digital a través de la cual se conectarían automóviles, trenes, transporte urbano y todo tipo de maquinaria y equipo industrial, comercial o doméstico. Si bien ya se han asignado algunas bandas que se pueden usar para 5G, la realidad es que la mayoría siguen desiertas después del fiasco de la última licitación en que sólo se adjudicaron 3 de 41 bloques ofertados. El motivo que inhibió el interés de las empresas fue el altísimo costo de los derechos.
(ii) ABS.- Modificar la estructura de cobro de las bandas de 800/850 MHz, de tal manera que su costo se determine en función de las características de cada ciudad o población (Área Básica de Servicio o ABS) y no por cada una de las 9 regiones celulares en que se dividió al país. Evidentemente, no debe valer lo mismo Monterrey que una pequeña población en medio del desierto o de la sierra. De esta manera se incentivaría la prestación del servicio en comunidades pequeñas o alejadas.
(iii) Cobertura social.- Que se puedan acreditar contra el pago de la contraprestación por espectro las erogaciones que el concesionario haga para llevar conectividad a poblaciones que aún no cuentan con el servicio de banda ancha móvil.
A juicio del IFT, deben buscarse “montos y esquemas que fomenten la asignación eficiente de mayor cantidad de espectro radioeléctrico, eliminen las actuales barreras a la entrada de nuevos participantes en el mercado de las telecomunicaciones móviles e incentiven la conectividad de poblaciones que se encuentran marginadas de los beneficios presentes y futuros de los servicios de telecomunicaciones en el país”.
Es claro que el IFT ha detectado el problema y tiene buenas ideas que permitirían corregirlo. Lo que no sabemos es si los comisionados del Instituto tendrán el valor y el carácter para hacer valer sus atribuciones frente a López Obrador y sus incondicionales en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el reciente paquete económico, se modificó la ley de derechos para agregar 10 MHz en la banda AWS e incorporar derechos por uso secundario. Esto abre la puerta para que el IFT pueda demandar en controversia constitucional al Congreso de la Unión por invasión de atribuciones y facultades. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, la competencia originaria para establecer cualquier tipo de contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico corresponde al IFT y no al Congreso. Los comisionados del IFT tienen 30 días hábiles a partir de la publicación de las reformas para interponer la controversia. Esperemos que así sea en beneficio de la conectividad de los mexicanos.
