vía El Sol de México.
Cuando en 2013 se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se buscaba un órgano regulador autónomo del gobierno como de los agentes económicos, esta autonomía si bien se otorga desde la Constitución, debe también construirse y defenderse a través de resoluciones que efectivamente se encaminen a la finalidad de lograr el desarrollo eficiente del sector.
El IFT ha venido claudicando a sus funciones, ha sido complaciente con el gobierno, en lugar de ejercer una acción legal para lograr su debida integración pide de favor se nombren los comisionados faltantes o bien es obsequioso y expedito en lo de Altan, mientras se tarda meses y meses en resolver trámites de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Expertos esperaban que el IFT hubiera intervenido en la quiebra de Altan interponiendo una controversia constitucional ante el rescate gubernamental u objetando las designaciones en el Consejo de Administración para garantizar la neutralidad de la red mayorista o bien tratando de generar un modelo de concesionamiento que asegure el aprovechamiento de la Banda 700, ya que el espectro más caro es el que no se usa.
En otras ocasiones hemos señalado que el IFT ha hecho poco por lo que toca a su independencia frente al gobierno, ha sido tibio frente a un nuevo régimen que abiertamente busca su desaparición, de lo que se salva gracias a que la 4T carece de la mayoría calificada en el Congreso y al costo político de enfrentar demandas internacionales por incumplimiento al T-MEC.
La estrategia del gobierno ha sido debilitar al IFT, tenemos hechos como: reducción presupuestal; le impuso la carga de administrar un padrón de usuarios de telefonía que claramente invadía la privacidad de las personas (que ya fue anulado por la Suprema Corte); y que además está incompleto con 4 de sus 7 integrantes ¿Por qué el IFT mantendría una posición de deferencia hacía decisiones del gobierno que impactan al sector telecomunicaciones o que incluso invaden su competencia? como serían las recientes autorizaciones “fast track” para que Altan Redes sea rescatada y operada por el gobierno.
La respuesta más plausible es por miedo, si ya no a la desaparición si a un ajuste de austeridad; viene el paquete económico 2023 y es previsible que el IFT envíe a la Secretaría de Hacienda un presupuesto inercial, es lejano un “premio presupuestal” por buena conducta frente a programas asistenciales y proyectos insignia de la 4T, siendo más probable una nueva reducción presupuestal generalizada, incluido el IFT, ante un contexto económico desfavorable.
La actual integración del IFT carece de rumbo y lo está llevando a una encrucijada, donde deberá tomar una decisión: claudicar o sacar la casta.