El lunes pasado, América Móvil informó que llegó a un acuerdo con MVS para adquirir 60 MHz en la banda de 2.5 GHz, que por sus características técnicas es necesaria para hacer más eficiente el despliegue de redes de banda ancha móvil 4G y 5G. Podemos decir, incluso, que la banda de 2.5 GHz es indispensable para mejorar la calidad de transmisión de datos de todos los operadores móviles.
Es un hecho, por tanto, que para América Móvil, y particularmente para Telcel, la adquisición de esa banda le permitirá descongestionar su red (que hoy concentra a cerca de 70% de los usuarios), añadir más usuarios y mejorar su calidad. El problema de esta adquisición es que AT&T, Telefónica y eventuales nuevos competidores también la necesitan para los mismos fines. Curiosamente, en una muy cuestionada decisión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió no licitar los 130 MHz con los que cuenta sino hasta finales del 2017, a pesar de estar programada para el cuarto trimestre de este año.
El pretexto para esta prórroga por parte del IFT fue que esperarían a que se hubiese adjudicado la red compartida para que el ganador pudiera participar en la licitación de la banda de 2.5 GHz, y así, decían, hubiera más interesados y se pudiera vender más cara. Si esos fueron sus motivos, el tiro les salió por la culata, porque ya se les fue Telcel, quien seguramente hubiera pujado fuerte por la banda.
La verdad es que no me lo creo. Cuando fui comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vi de cerca cómo funciona el tráfico de influencias y favores en la industria, en donde se siguen repartiendo los bienes del dominio público como se repartían las encomiendas en la época colonial. Salvo muy contados casos, la adjudicación de espectro y contratos sigue respondiendo a la lógica de una economía feudal, de cuates, donde el inversionista común no tiene mucha oportunidad. Si no me cree, pregúntele a Rivada Networks.
Recordemos que al inicio de este sexenio y después de que Felipe Calderón decretara el rescate de los 190 MHz de la banda de 2.5 GHz para su posterior licitación, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, le devolvió 60 MHz a MVS, contra la promesa de echar a andar una red de banda ancha inalámbrica antes del 31 de diciembre próximo. El tiempo se les venía encima, así que no es descabellado pensar que el IFT canceló la licitación de la banda este año con la finalidad de que el único tenedor de ese espectro a nivel nacional lo pudiera vender. Así, en lugar de que el dinero de la licitación fuera a las arcas públicas, iría a MVS. El ya tan conocido mecanismo de los bienes públicos administrados para la ganancia privada. Quizá había algún favor que pagar.
Pero esta operación no se queda ahí. América Móvil, incluyendo a Telcel, por supuesto, concentra cerca de 70% del sector telecomunicaciones en México y ninguna de las medidas de preponderancia impuestas por el IFT ha tenido efecto práctico alguno para modificar la estructura del sector ni para mejorar el entorno competitivo. Por el contrario, los actos del IFT van encaminados a eliminar la asimetría a través de la imposición a los competidores de las mismas obligaciones impuestas al preponderante, algo que no tiene precedente en el mundo.
Por último, con la aprobación por parte del IFT de esta acumulación de espectro, Telcel contaría con 51% de todas las frecuencias adjudicadas para telecomunicaciones móviles, 20 puntos porcentuales por encima del segundo principal poseedor de espectro. Así, además de superar los umbrales para ser considerado preponderante en todos los mercados que conforman el sector, ahora también se le permitiría rebasar la barrera del 50% en la acumulación de la totalidad del espectro disponible para toda la industria. Valiente fomento a la competencia.
Si el IFT de verdad se preocupa por la competencia, esperaríamos una consulta pública sobre esta concentración. Si el asunto se resuelve en secreto, arriba están las explicaciones.