2018-11-28
Antes una aclaración. En tiempos de estabilidad constitucional sería absurdo hacer un balance de fin de sexenio respecto del desempeño de un órgano constitucional autónomo, en el que sus titulares, en este caso los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), son designados de manera escalonada por periodos de nueve años; sin embargo, es claro que no estamos en tiempos de estabilidad constitucional. El presidente electo López Obrador tiene el control suficiente en las cámaras de diputados, senadores y congresos locales para modificar la Constitución. Si bien futuros funcionarios allegados al próximo gobierno han señalado que éste no tiene planes que puedan afectar la autonomía del IFT, lo cierto es que ésta sólo podrá ser defendida con trabajo eficiente, honesto y, sobre todo, apegado a la ley. Sólo el cumplimiento puntual de la ley, sin simulaciones, garantizará la permanencia y autonomía del IFT. Precisamente por esto es oportuno hacer un balance sobre el desempeño del instituto.
En estos años he manifestado algunas opiniones contrarias a las del IFT, no obstante, me parece que el balance de su gestión es positivo. Desde la privatización de Telmex en 1990 y la apertura a la competencia en 1996, no había habido reformas tan profundas como las implementadas por el IFT. Es cierto que la reforma constitucional del 2013 le otorgó atribuciones que su antecesora, la Comisión Federal de Telecomunicaciones nunca tuvo, pero sería mezquino no reconocer el trabajo profesional de los miembros del instituto. La ley puede ser muy buena, pero sin la aplicación y ejecución de ésta por parte de funcionarios públicos responsables corre el riesgo de quedarse en una lista de buenos deseos. Salvo algunas mejoras que aún pueden hacerse en la regulación, la función normativa del instituto ha cumplido las expectativas. En materia de telecomunicaciones, el presidente Peña Nieto dice la verdad al afirmar que está entregando un México mejor que el que teníamos hace seis años.
Al principio de esta administración el sector estaba anquilosado con infinitas trabas a la competencia, desde tarifas de interconexión altas hasta prácticas monopólicas como la discriminación de precios en función de la red de destino, pasando por la resistencia para mantener dividido al país en múltiples áreas de servicio local que permitían recibir rentas extraordinarias por un servicio de larga distancia nacional que tecnológicamente ya no se justificaba. Muchas de estas resistencias fueron vencidas por la reforma y el trabajo del IFT. Como señaló el secretario Ruiz Esparza en su artículo de ayer en El Financiero, “la eliminación del pago de larga distancia nacional, del roaming con Estados Unidos y Canadá y una política de tarifas de interconexión, se han traducido en más de 130,000 millones de pesos de ahorro a la economía familiar”.
Es verdad, la reforma en telecomunicaciones se ve y se siente por la gente. Nunca antes se habían entregado de manera transparente y mediante licitación pública tantas concesiones de radio y televisión que garantizan el acceso a información plural y oportuna. Nunca antes, tampoco, se había reorganizado de manera tan profesional la asignación y el uso del espectro radioeléctrico, al grado de que con la migración de estaciones de televisión que operaban en la banda de 600 MHz es muy probable que para el 2020 se licite este espectro para prestar servicios inalámbricos 5G. Ahora no somos un país rezagado sino de los que van a la vanguardia.
No obstante, aún con los innegables logros del IFT, hay dos temas en los que se debe profundizar: el fomento a la competencia y la supervisión del agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones (AEPT). Aunque la ley obliga al IFT a reportar trimestralmente el grado de cumplimiento efectivo de la regulación asimétrica por parte del AEPT, lo cierto es que sólo se ha supervisado el cumplimiento documental y no el cumplimiento real en campo, que es donde se dan los mayores problemas y trabas para la competencia. No basta con palomear papeles, hay que estar pendientes de que el AEPT efectivamente cumpla con las obligaciones materiales que tiene y corregir, en tiempo real, los incumplimientos reportados por los competidores. En esto sí ha quedado a deber el IFT. Sin duda, mejorará.
