Hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto envío al Senado la iniciativa que crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y reformas a 11 ordenamientos jurídicos más.
Como lo adelanté, ya se venía preparando un campo minado contra la reforma en el sector telecomunicaciones, que se intensifico una vez presentado el proyecto legislativo del Ejecutivo.
Uno de los primeros cuestionamientos que llama la atención es el señalamiento de que se le está restando facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), al encontrarse en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión atribuciones para las secretarías de Gobernación, Comunicaciones, Salud y Educación Pública.
De una revisión a todo el expediente legislativo de la reforma constitucional en telecomunicaciones —y me refiero a iniciativa, dictámenes, minuta y al propio decreto— no se encuentra rastro alguno y preciso sobre temas como concursos, tiempos oficiales, promoción de programas educativos, autorizaciones de materiales médicos que hagan pensar que el Ifetel tenga que encargarse de ello.
No ocurre lo mismo con el caso de la SCT, pues en el decreto de reforma constitucional queda de manifiesto que todo lo referente a políticas públicas queda a su cargo.
Es más, hay un reconocimiento tácito por parte del Ifetel, que al expedir su estatuto orgánico, en sus considerandos señala que debido a que “resulta indispensable que el instituto cuente con unidades administrativas dotadas de competencia, a efecto de ejercer sus facultades constitucionales y legales y ejecutar los procedimientos a su cargo”.
En el articulado de dicho estatuto, al pleno no se le da ni una atribución en materias que hoy tienen Gobernación, Salud y Educación Pública. Lo único que le corresponde al Ifetel es la vigilancia de los topes máximos de publicidad, función que delegó, según su estatuto, en una dirección general.
Si el propio órgano regulador no reconoce como propias ciertas atribuciones, es porque no las tiene; ¿por qué inventar que le corresponden?; si dichas funciones ya las realizan ciertas dependencias, de ahí que el Poder Ejecutivo actuó con pleno apego a derecho y debe estar listo para la batalla que vendrá en su contra.
