vía La Lista News.
Habrá que esperar los 20 días que corren a partir del 22 de julio, cuando se darán a conocer las resoluciones a las que el sindicato y Telmex hayan llegado.
Mucho hemos leído sobre la huelga de poco más de 24 horas de duración con la que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana dejó atrás largos años de amenazas de paro laboral, y que finalmente el 21 de julio se volvió realidad.
Las razones del sindicato son totalmente válidas: un muy reducido ajuste (4.5%) en sus prestaciones salariales, atender el pasivo laboral, la resolución de la cancelación y/o congelamiento de plazas de trabajo para que los de nuevo ingreso se contraten bajo las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, y del mismo modo se respeten las jubilaciones.
Telmex alega que su situación actual refleja pérdidas acumuladas de 26 mil 239 millones de pesos, y un pasivo laboral que no coincide con los números que tiene el sindicato, pero mucho más allá de eso queda el argumento de las múltiples desventajas que las cargas regulatorias impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) les han traído a sus resultados.
Desde la declaración de Preponderancia en Telecomunicaciones de 2014, Grupo Carso ha ejercido presión para que se disminuyan las medidas regulatorias a las empresas de su conglomerado que brindan servicios en este sector, como Telmex y América Móvil, no importándoles que afectan a la competencia y a la libre concurrencia del mercado.
Las medidas asimétricas que derivarían en la reducción en su participación de mercado y permitir una mayor competencia en beneficio del consumidor mexicano no han sido ni supervisadas por el IFT ni tampoco llevadas a cabo por el Agente Económico Preponderante en Telecom (AEP-T). En resumen, no se han cumplido.
En respuesta a la disparidad de condiciones de mercado, Telefónica mejor decidió regresar su espectro al Estado ante la imposibilidad financiera del pago de derecho y uso de bandas de espectro radioeléctrico en un entorno competitivo imposible, por lo que desde 2022 terminó la migración de su tráfico a la red de AT&T. Desde su trinchera, AT&T también ha presentado diversas denuncias sobre la incapacidad de competir contra un operador con un poder de mercado tan desproporcionado, y que hoy todavía cuenta con más de 70% de la participación del sector de las telecomunicaciones en nuestro país.
Siendo este el escenario del sector desde antes de la pandemia, y ahora en tiempos post-covid, cuando las telecomunicaciones demostraron la enorme dependencia que tenemos todos para salir adelante ante una emergencia sanitaria para seguir operando en lo académico, laboral, social y emocional y mantener a flote la economía, que el operador dominante se declare en paro laboral no le conviene a nadie.
La presión al regulador con esta huelga se enfatiza justo cuando existen expedientes abiertos por parte del IFT en el que claramente se perfilan sanciones para Telmex o concesionarios de América Móvil, que además lleva mucho tiempo tratando de aparentar el cumplimiento de medidas asimétricas para que se le conceda la prestación de servicios de televisión de paga a sus usuarios.
