Gerardo Soria | El Economista | 28 de Octubre 2015.
En este espacio y en todos los foros en los que he tenido la oportunidad de participar desde la reforma constitucional en telecomunicaciones de junio del 2013, he manifestado mi opinión sobre el gravísimo desaseo jurídico con el que nuestra irresponsable clase política ha tratado a la Constitución.
Consecuencia directa de la desconfianza que priva entre nuestros políticos, derivada de la facilidad con la que violan su palabra en la persecución de sus mezquinos intereses individuales, se les ocurrió la genial idea de poner en la Constitución hasta la regulación más técnica y coyuntural. En el documento fundacional del Estado mexicano y basamento de los derechos elementales del individuo libre, conviven, como si fueran lo mismo, los poderes del Estado, la prohibición de la esclavitud y la fecha del 31 de diciembre del 2015 para que todas las televisoras apaguen la señal analógica.
Y todo porque los representantes del PAN en el Consejo Rector del Pacto por México le compraron a Juan Molinar Horcasitas la mentira de que tenían que despejar la banda de 700 MHz a más tardar en esa fecha para el proyecto de la Red Compartida Mayorista, y luego extorsionaron al gobierno: o les cumplían su capricho o no había reforma energética. Lo cierto es que al día sólo se necesitan apagar las señales analógicas en Ensenada, Piedras Negras y Ciudad Acuña para que la banda de 700 MHz esté completamente despejada en todo el territorio nacional. La concesión del canal 52MX de la ciudad de México ya venció.
En ese juego de mentiras y políticos corruptos se quedaron atrapados por lo menos 12 millones de mexicanos pobres que el 1 de enero del 2016 no van a poder ni ver la televisión. Si en Monterrey, que tiene un Producto Interno Bruto per cápita equivalente al de un país europeo, de acuerdo con cifras del propio gobierno (SCT e IFT), 10% de la población se quedó sin poder ver la televisión, el escenario más optimista es que 10% de los mexicanos sufra lo mismo el 1 de enero del 2016, esto es 12 millones de personas. En un análisis más sofisticado, The Competitive Intelligence Unit calcula 25 millones.
Algunos legisladores del PAN y del PRD ya han presentado iniciativas para reformar la Constitución y postergar la fecha del apagón de la televisión analógica para cuando menos el segundo semestre del 2016, de tal manera que el gobierno federal pueda continuar con la titánica tarea de repartir equipos o decodificadores que garanticen el derecho a la información de esos millones de personas que de la noche a la mañana se quedarían aislados del mundo por la soberbia de unos cuantos.
El PRI parece apoyar las iniciativas, pero aún se le ve dubitativo ante la insensibilidad de la alta burocracia de la ciudad de México. Allá ellos. En mi opinión, lo mejor que le puede pasar a nuestra Constitución es que no la reformen y 25 millones de afectados les estallen en la cara. Sólo así van a aprender los partidos políticos y todos los vividores del erario que con la Constitución no se juega.
Televisa y TV Azteca están listos para apagar todo el país el 31 de diciembre del 2015. Quienes no lo están son 29 televisoras educativas y culturales que nunca tuvieron el dinero para digitalizarse y 25 millones de pobres.