Varios medios han dado cuenta de las operaciones que hackers rusos han hecho para desestabilizar elecciones. Esto ha sucedido en Estados Unidos, Austria, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Ucrania. En estos países han hecho una combinación de acciones que van desde contratar publicidad en medios digitales y redes sociales (Facebook, Twitter y Google), robo de información, alteración de padrones electorales, generación de noticias falsas, creación —por medios de granjas de “bots”— de Trending Topics, clonación de dominios de internet (phishing) y ataques masivos a servidores (denegación de servicio, DDoS), entre otros.
Todo esto surgió para afectar negocios y robar secretos industriales, pero muy pronto evolucionó para vulnerar procesos electorales en varias partes del mundo en donde la filtración de información en determinado momento o la caída de páginas con resultados electorales pueden tener un fuerte impacto en procesos democráticos al grado de desestabilizarlos.
Incluso, la preocupación ha llegado a tal nivel que empresas como Google (Jigsaw) están poniendo en operación una serie de herramientas de ciberseguridad para apoyar los procesos electorales democráticos en contra de la interferencia extranjera: proteja su elección.
Estas preocupaciones ya empezaron a sonar en el Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se están reforzando todos sus sistemas de seguridad cibernética de la mano de la UNAM y auditores externos.
En el INE circula un documento que ha llamado la atención de los consejeros electorales que lo han conocido: reportes operativos y analíticos vienen señalando que desde computadoras en Rusia se viene haciendo el mayor número de accesos en el sitio votoextranjero.mx (el portal del INE que por primera vez permitirá votar desde el extranjero para la elección presidencial).
Esto se reporta en el INE como una “anomalía”, pues el lugar donde hay más mexicanos es Estados Unidos y los accesos desde Rusia a las páginas del Instituto no tienen punto de comparación. También destaca que, según el reporte del INE elaborado con Google Analytics, el 65% de los accesos de Rusia provienen de San Petersburgo, lo que no sorprende en el mundo del ciberespionaje dado que ahí están instalados los principales hackers y una importante cantidad de granjas de “bots”.
Fuentes consultadas en el Instituto, mismas que pidieron el anonimato por lo delicado de la información, no están preocupadas por el programa de voto desde el extranjero. Dicen que, aunque llegaran miles de solicitudes desde Rusia, una vez detectadas y previo al envío de las boletas electorales (en físico) vía correo, se hará una auditoría.
Lo que sí les preocupa es que se pueda alterar, la noche de la elección, la página del programa de resultados preliminares (PREP) o la que lleva los cómputos distritales. Afectar estas páginas sí pondría en duda y hasta en riesgo el resultado de la elección de 2018.
Para ello, la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE estará trabajando a principios del año entrante con especialistas nacionales e internacionales para detectar riesgos y ver cómo contenerlos. Incluso, está ya trabajando con la Policía Federal Cibernética.
Pero luego de los hackeos a los servidores del Partido Demócrata en EU, de la creación de Trending Topics por “bots” y el borrado de sus huellas digitales, del sembrado de información falsa en servidores y de ataques de denegación de servicio (DDoS) —y más que todo esto ha pasado en países que han invertido mucho en seguridad informática— no me queda claro que el INE, los partidos políticos y los medios de comunicación estén preparados para lo que parece estarse preparando. En los Países Bajos, el ataque sembró tantas dudas en la elección de este año que tuvieron que regresar al conteo manual de votos.
Una de las primeras recomendaciones que se están dando en todos los países es que las autoridades electorales no censuren fuentes de contenido que pudieran ser falsas o inexactas. Esto se percibe como censura a la libertad de expresión, pero sí tienen que monitorear estos sitios y las conversaciones en redes sociales para alertar (y educar) sobre esfuerzos de desinformación.
Para esto, ha probado ser crucial el apoyo de medios de comunicación ya establecidos y, desde luego, aumentar la seguridad tecnológica de los portales web del INE y de sus bases de datos. Para ello no deben escatimar recursos y apoyos nacionales y extranjeros.
Así, no sólo tenemos riesgos en el frente interno —choques entre partidos, remoción del fiscal electoral, recursos públicos siendo utilizados en elecciones, etc.-, también tenemos por primera vez señales de que desde fuera se prepara una campaña para desestabilizar el proceso electoral. Las alertas ya han sonado por las “anomalías” que desde Rusia se han detectado en el INE. Estamos a ocho meses de las elecciones de 2018. Tienen tiempo para montar una estrategia a detalle e informar sobre los riesgos. Luego, que no salga el INE con que fue sorprendido.
Cambiando de tema… En la Cámara de Diputados han frenado la votación de un dictamen, promovido por Radio Independiente (asociación constituida por pequeños y medianos operadores de radio del país) que tenía como propósito penalizar a los que instalen estaciones clandestinas —ilegales— de radiodifusión. Y es que las estaciones piratas en algunas zonas del país están acabando a una industria al no tener que pagar refrendos, tiempos oficiales ni otras cargas laborales. En sí, dicen los promotores de la iniciativa que se hace una defensa de la legalidad. Como siempre, puede haber disenso en lo que dicen las leyes, pero las críticas al tema en realidad dejan ver lo que se prepara es la instalación de decenas, quizá cientos, de estaciones clandestinas con miras también a las elecciones de 2018. Ya vivimos algo así en el 2006 y llevó años cerrar estas estaciones ilegales. Parece que vienen de nueva cuenta justo ahora que arranca el proceso electoral.
*Luego de los sismos y sin reflectores para presumir su actuación, hay que poner el ojo en las constructoras mexicanas. Destacaron: ICA, del Ing. Bernardo Quintana; Carso, a cargo de Don Alfonso Salem; Idinsa, del Ing. Víctor Ortíz; y La Peninsular-Hermes, del Ing. Carlos Hank, que a satisfacción ayudaron a llevar equipo y trabajadores a las zonas de rescate. Tristemente no se puede decir lo mismo de las empresas extranjeras. Y es que empresas de capital extranjero como como Sacyr, Aldesa y Epccor no se vieron colaborando en ninguna zona de desastre. Salieron buenas para hacer negocio con recursos públicos de los mexicanos, pero no tan buenas cuando se trata de ser solidarias. Ojalá las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los gobiernos estatales tomen nota. Justo en momentos como éstos es cuando uno quisiera una política industrial que sirviera a las empresas mexicanas y no tanto a las extranjeras que desaparecen cuando el dinero no está asegurado o cuando hay que poner algo de su bolsa.
