Ernesto Piedras | El Economista | 10 Julio 2014
Hoy día, finalmente, es posible afirmar que el sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México cuenta ya con un nuevo marco legal y regulatorio que materializa los objetivos de la reforma constitucional.
El cuerpo legislativo ha realizado su trabajo de aprobación de las leyes secundarias, después de debates sociales y discusiones camerales sobre las nuevas reglas propuestas por el Ejecutivo para detonar la tan anhelada competencia efectiva. El siguiente y último paso requiere de la promulgación del decreto por el titular del Ejecutivo para su entrada en vigor.
Incluso antes de su aprobación, el mercado ya ha reaccionado. Nos referimos al anuncio de la decisión del operador preponderante en telecomunicaciones de la venta y desincorporación de activos en favor de algún nuevo operador, con el anhelo de reducir su elevada participación en el sector y, así, eliminar su carácter de preponderante. Empiezan los empeños por abandonar por la vía del mercado esos territorios tan conocidos del peso e influencia excesivos en el mercado.
Con ello queda de manifiesto que los operadores actúan desde ya, en función de las reglas de juego, dejando entrever posibles alianzas y fusiones, futuras decisiones de inversión, lanzando nuevos servicios y proveyendo de nuevos beneficios a sus usuarios.
Ciertamente, la construcción de este nuevo paquete normativo representa la suma de esfuerzos enfocados en reconfigurar un sector que se ha caracterizado reiteradamente por exhibir una elevada concentración en toda su operación, es decir, en telefonía fija y móvil, banda ancha (fija y móvil) y televisión restringida.
Derivado de ello, los usuarios de estos servicios no sólo podremos beneficiarnos efectivamente de mayor competencia con una fortalecida capacidad de elegir al mejor proveedor de servicios con una oferta a precios más competitivos, sino que también algunos de los beneficios, muy próximos a activarse, consisten en la eliminación de los cargos de larga distancia, la consulta gratuita de saldos en prepago, la posibilidad de cambiar de operador móvil en menos de 24 horas, las bonificaciones por fallas en servicios, el desbloqueo efectivo de equipos, entre muchos otros.
Definitivamente, con la puesta en operación de este nuevo marco regulatorio sectorial, se augura un mejor futuro para las telecomunicaciones en México, lejos del actual escenario de excesiva concentración. La frontera a alcanzar es una participación de 50% o menor del actual agente preponderante, resultado de una combinación entre la aplicación efectiva de la regulación y la actuación estratégica de los competidores.
Cómo se configurarán los mercados en el futuro y quiénes integrarán a los segmentos del sector no son preguntas que tengan una respuesta inmediata y mucho menos previsible en este momento.
La experiencia internacional nos indica que un mercado competido se integra de tres o cuatro operadores que mantienen una participación razonable, muy por debajo de la barrera de 50%, con algunos otros tres o cuatro pequeños cuyo enfoque consiste en atraer usuarios de un segmento específico o nicho del mercado.
Sin lugar a duda, dejaremos atrás un contexto en donde el operador preponderante abarque 93% de la población, mientras que el resto de los operadores apenas alcance a cubrir en promedio 67% de la población. Y pasaremos a un escenario en el cual todos los consumidores mexicanos cuenten con el derecho de elección de más de un proveedor de servicios, distinto al preponderante.
