En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha circulado un proyecto de resolución que anula un artículo de la Ley de Telecomunicaciones, el 131, cuyo propósito es aumentar la competencia en la telefonía al ordenar que quien es el actor preponderante en las telecomunicaciones (más de 50% del sector) tenga una prohibición de cobro temporal en la interconexión al resto de las empresas. Siendo que el preponderante actualmente es Telcel-Telmex, estas empresas han gestionado amparos que serán revisados esta semana.
Varios han señalado el daño económico que padecerían empresas y consumidores, pero el impacto de esta sentencia tiene un efecto legal y político muy severo para el Congreso de la Unión: le roban sus facultades.
Me explico:
Siempre se había pensado y puesto en práctica que el Congreso de la Unión, diputados y senadores, eran quienes dictaban las leyes en este país, pero un primer vuelco lo dio el Pleno de la Corte, en la controversia 117/2014 en la que señaló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría dictar acuerdos y lineamientos siempre y cuando “no se extralimitara invadiendo la facultad legislativa del Congreso de la Unión, definida en el artículo 73 de la Constitución”.
Este fue un primer golpe de la Corte al Congreso pues se le dio al IFT (y por analogía, al resto de los organismos autónomos) una especie de facultad legislativa: si el Congreso no había legislado específicamente algo, el órgano autónomo podía crecer sus facultades y en los hechos legislar. Este golpe lo dio la Corte cuando el Senado de la República criticó las reglas de portabilidad numérica pues a su juicio no defendían lo suficiente al consumidor.
La Corte le dio la razón al IFT en lo formal, pero en realidad los ganadores fueron Telcel- Telmex, quienes tuvieron más márgenes para no cumplir con rapidez la portabilidad numérica (cambiar número de una operadora telefónica a otra). Con lo que, en los hechos, el IFT se convirtió, desde mayo de 2015, en un Congreso paralelo, facultad que ha usado, por ejemplo, en los Lineamientos de las Audiencias.
Ahora, en el Amparo 1100/2015, la Segunda Sala de la Corte va más allá y de tener en el IFT un Congreso paralelo, convierte al regulador de las telecomunicaciones en legislador único para temas de telecomunicaciones, radio y TV e, increíblemente, desaparece al Congreso de la Unión.
Concretamente, el proyecto que circula en la Corte señala que al ser un tema especializado (las telecomunicaciones) la participación del Congreso es inconstitucional.
Y hay que señalar que el proyecto del ministro Javier Laynez ni siquiera dedica una línea a explicar su decisión luego de que la propia Constitución ordenó –en su artículo cuarto transitorio- que el Congreso es quien emite la regulación en cuestión.
De hecho, por este artículo Constitucional era para que se negara de inmediato el amparo a Telcel-Telmex. Así incluso lo resolvió la Juez Federal Segunda de Distrito en materia de telecomunicaciones, Silvia Cerón, quien en primera instancia resolvió el tema. Y era por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Telecomunicaciones pidió la intervención de la Corte, pero extraordinariamente, ni una línea de lo que dice la Constitución se menciona en el proyecto del señor ministro Laynez.
No en vano varios legisladores han expresado molestia por lo que la Corte ha venido proponiendo, desde el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho (quien escribió un artículo del tema en estas páginas) hasta, en el Senado, las Mesas Directivas de las Comisiones de Comunicaciones y Radio-Televisión en las que firman senadores del PRI, PAN, PRD y PT-Morena.
En los hechos, la Corte le estaría dando un golpe de Estado al Congreso de la Unión al votar una sentencia en la que, expresan los senadores, “el Poder Legislativo electo democráticamente, no (tendría) facultades para legislar en materias específicas o sobre sectores de la economía fundamentales para la promoción de un mejor desarrollo de nuestra economía”.
Es muy delicado también que desde altos cargos del Ejecutivo Federal algunos estén viendo con buenos ojos el drenar las facultades del Congreso previo a las elecciones de julio de 2018 y a la integración de una nueva legislatura que se instalará justo dentro de un año.
Este tipo de movimientos que dañan el equilibrio entre Poderes de la Unión —y fuerzas políticas— tienen consecuencias siempre.
¿Cuál es la diferencia entre lo que pretende hacer la Corte en México al Congreso de la Unión y lo que ha hecho la Asamblea Constituyente Bolivariana con el Congreso Nacional venezolano, electo democráticamente? En los hechos, ninguna: dos Congresos vaciados de sus facultades.
En Venezuela le han llamado un Golpe de Estado. ¿Aquí? Esperemos la decisión de la Corte.
¿Quiénes ganaron los nuevos canales de TV? Como escribí en mi artículo de la semana pasada, hubo poco interés en la licitación de 148 canales de televisión abierta. Sólo 32 plazas fueron motivo de atención. En 28 —de estas 32 plazas— también, al haber poco interés y sólo un postor, cada ganador se las llevó por el precio mínimo de referencia. En este caso estuvieron las dos de la Ciudad de México, las dos de Puebla y las dos de Guadalajara.
Entre los nuevos jugadores de la TV destaca que Francisco Aguirre, el dueño de Radio Centro, luego de varios impagos en las pasadas licitaciones de radio y televisión, se hizo finalmente de un canal de TV en la CDMX a un precio de $425 millones de pesos.
El otro canal de la CDMX será para Televisión Digital, una empresa de Multimedios propiedad de la familia González Albuerne. Esta empresa también ganó Guadalajara. A su vez, Multimedios TV participó directamente y ganó otros canales en Ciudad Juárez, Monclova, Durango y Puebla. Con esto, Multimedios y su programación vía Milenio TV ampliarán su cobertura regional.
El grupo que se ha llevado el mayor número de canales en plazas pequeñas principalmente del sureste del país es Telsusa Televisión México, cuyo principal accionista es Remigio Ángel González. Este empresario mexicano ganó diez frecuencias y de éstas 7 están en el sureste. De tal suerte que, luego de que es el principal operador de TV en Guatemala, está haciendo una cadena de TV panregional con fuerte presencia en la zona turística maya.
Por las 28 estaciones en las que ya hay ganador, el monto a pagar será de $1,521 millones de pesos, quedando cuatro estaciones pendientes de asignar dado que en éstas hubo más de un interesado.
