Rodrigo Pérez-Alonso
Desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en junio del año pasado, como es común en la industria de telecomunicaciones y radiodifusión, han surgido distintas controversias mediáticas sobre el significado e interpretación de las normas que rigen a este sector. Algunas de las más sonadas batallas mediáticas son basadas en la decisión legislativa de elevar en el texto constitucional el llamado must offer y must carry, obligaciones de transmisión de contenidos de televisión abierta en sistemas de cable como DirecTV y cableras locales.
Al estar mandatadas en la Constitución deberían al menos en teoría estar blindadas de litigios y controversias. Sin embargo, los actores han estado probando las aguas. DirecTV de MVS (y Telmex), puso a prueba las nuevas obligaciones de retransmisión de contenidos e inició la transmisión de contenidos de TV Azteca y Televisa en su sistema. Ambas televisoras interpusieron litigios y quejas ante órganos judiciales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones por lo que consideran la retransmisión ilegal de sus contenidos sin contraprestación alguna y en violación a los derechos de autor.
Detrás de esto están los ingresos por los derechos por la retransmisión de contenidos. De acuerdo con datos de Televisa, los derechos de retransmisión de televisión abierta generan alrededor de 5% de sus ingresos totales. Por su parte, Dish dejaría de pagar alrededor de 66 millones de dólares al año por el pago de derechos.
Esta controversia, sin embargo, no está sin mérito. Quizá pudiera interpretarse únicamente como un tema de generación de rentas y la pérdida de esas rentas por una política plasmada en la Constitución. Sin embargo, también trae consigo un tema más profundo sobre el cambio de paradigma en plataformas distintas a las que son propiedad de los generadores. Con la multiplicidad de los dispositivos y plataformas tecnológicas este será un debate cada vez más recurrido.
Los cambios de paradigma están incluso en el mercado de televisión más grande del mundo y recurridos en las instancias judiciales. En Estados Unidos, a principios de este mes, la Suprema Corte de ese país admitió una demanda interpuesta por las principales cadenas de televisión abierta (CBS, NBC, ABC, FOX y PBS) en contra de Aero, una nueva compañía que graba las señales de televisión abierta y las retransmite bajo demanda a usuarios que rentan su servicio. Aero no paga derechos de retransmisión a estas cadenas, que generan alrededor de tres billones de dólares al año por este concepto. Al igual que en México, las cadenas de televisión abierta argumentan que el servicio viola derechos de autor por lo que buscan que la Corte interprete un precepto de la ley.
Las implicaciones pueden ser amplias en la televisión y el llamado streaming de contenidos. Hasta ahora, tanto en México como en Estados Unidos, los generadores de contenidos han podido controlar su retransmisión a través de rentas y restricciones. Sin embargo, con estas nuevas políticas en México y la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos, esto seguramente cambiará el panorama de la televisión retransmitida.
