Rodrigo Pérez Alonso/ Excélsior
Uno de los puntos más álgidos de la reciente reforma de las telecomunicaciones es la creación de un consorcio gubernamental para el despliegue de una red compartida de fibra óptica y espectro radioeléctrico para el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y los servicios de telecomunicaciones. La oposición de varias voces se centra principalmente en la utilización de los 90 MHz de espectro radioeléctrico que serán liberados por el proceso de Transición Digital Terrestre para esta nueva red compartida.
Los argumentos principales en contra se agrupan en el valor de mercado del espectro, la utilidad de esta red compartida, la inversión pública necesaria (se menciona alrededor de diez mil millones de dólares) y la mano oscura de una red de funcionarios públicos que se pusieron de acuerdo para convencer a los integrantes del Pacto por México sobre ésta.
Sin lugar a dudas, las críticas se deben tomar como una de tantas influencias para hacer las cosas bien en el diseño y ejecución de la política pública de la red compartida. Sin embargo, no deben ser válidas por sí mismas para desestimar una política que está todavía en la etapa de implementación. Para muestra, hasta ahora no ha habido mayor claridad sobre los elementos de esta política más que las declaraciones del subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, sobre el uso de un método de participación público-privada de inversión para estas redes y lo dispuesto por el texto de la propia reforma. Tampoco es claro el monto del espectro que será utilizado para esta red (lo más probable es que no se utilicen los 90 MHz) y la forma y plazos bajo las que será desplegada. Cualquier crítica o declaración debe ser tomada con un grano de sal y se deben conocer las razones detrás.
Lo que no se ha mencionado es que esta política pública llevaba en el pizarrón desde antes del inicio de esta administración como una opción para fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones después de años de inmovilidad. La idea pasó por el escritorio de varios funcionarios de primer nivel tanto de la anterior como de esta administración, algunos de los cuales se referían a esta política con una clave secreta entre ellos. La idea pasó por la Cofetel, la SCT, el equipo de transición y el gobierno del presidente Peña y, posteriormente, con los integrantes del Pacto por México al momento de que se estaba escribiendo la reforma constitucional.
Lo que es un hecho es que el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Comunicaciones ya ha dado pasos para estudiar con mayor detalle las alternativas para esta red y otras políticas incorporadas en la reforma a las telecomunicaciones. Por ejemplo, se contrató al Banco Interamericano de Desarrollo para que haga un diagnóstico y recomendación para un plan nacional de banda ancha. En un documento (http://bit.ly/lhVJXyw) se detallan los pasos para ello: identificación de retos para infraestructura de banda ancha, principios regulatorios, políticas de acceso universal, indicadores, gobernanza y otros.
El plazo para la ejecución de las reformas es claro en el texto. Todo lo demás es especulación.
Twitter: @rperezalonso
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