Rodrigo Pérez Alonso/ Excélsior.
En una reunión, el lunes de esta semana con reporteros de medios internacionales, el presidente del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, anunció que las medidas para determinar a los agentes con poder sustancial del mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión se darían a conocer “pronto”.
Recordará el lector que el pasado 11 de junio se publicaron en el Diario Oficial las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, para incorporar nuevas medidas regulatorias y legales para detener y corregir un fenómeno económico notorio en México: la concentración del mercado de telecomunicaciones (léase monopolios). Entre las medidas adoptadas a nivel constitucional, está la creación del nuevo Instituto, ahora presidido por Gabriel Contreras.
En el transitorio octavo de la reforma constitucional se establecen cuatro puntos de mucha sustancia para modificar el statu quo del mercado: el establecimiento de un plan de licitación de frecuencias, la obligación del must carry y must offer (la obligación de transmitir de forma gratuita los contenidos de terceros en televisión restringida), la determinación de agentes con poder sustancial de mercado en estos mercados, y la desagregación de la red local “del agente preponderante en telecomunicaciones”.
Es justamente esto lo que ha ocasionado distintas declaraciones y resistencias; en el caso del must carry se ha pedido que sea el IFT el que determine la procedencia del mismo. Lo anterior porque la empresa Dish inició con la transmisión de contenidos de terceros y tentó al diablo publicando desplegados en periódicos sobre esta acción.
Por su parte, la declaración de dominancia es lo que ocupó los señalamientos del presidente del IFT el lunes, lo que sin duda será una decisión difícil. Esta decisión determinará una regulación distinta para los actores dominantes y múltiples; otras medidas a empresas con más de 50% del mercado. Es de esperarse que Telmex y Televisa sean las principales afectadas en sus respectivos mercados.
En lo que respecta a la licitación de frecuencias, en lo que a todas luces es una vendetta personal, el mismo lunes se publicó en primera plana de El Economista una nota, sin firma, acusando al ex presidente de la Cofetel de corrupción y de violar las normas de responsabilidad de servidores públicos al asesorar a Virgin Mobile. El texto utiliza generalidades y plagia textos de terceros.
Independientemente de ser ciertas o no las acusaciones ahí vertidas, éstas se desvirtúan por la falta de rigor periodístico y su autoría anónima.
En todos los casos, el IFT tiene hasta el 9 de marzo de 2014 para tomar diversas medidas. Sin embargo, estamos ante un caso excepcional dado que, aunque existe el ordenamiento constitucional y se instaló ya el IFT, no hay una ley secundaria que respalde las determinaciones del mismo.
Ya existe incluso el reglamento interno del mismo. No obstante esto, el IFT estaría en posibilidad de tomar decisiones dadas sus facultades constitucionales. Lo que falta ahora es esperar a conocer a detalle el proyecto de ley de telecomunicaciones y radiodifusión nueva.
Twitter: @rperezalonso
-0-