Rodrigo Pérez Alonso/ Excélsior
Mucho se ha debatido en varios países sobre la necesidad de incorporar el internet de banda ancha como un derecho fundamental. Se trata de un derecho novedoso de cuarta generación derivado de la era de la información. Este derecho sería entonces tan importante como el derecho a la vivienda, medio ambiente, educación y otros que ya están establecidos en los marcos legales y constitucionales de diversos países.
Esto es lo que el 1 de julio de 2010 se hizo en Finlandia cuando el internet de banda ancha se reconoció como un derecho fundamental bajo la premisa de que a cada ciudadano se le debería garantizar al menos una conexión de por lo menos 1 Mbps —velocidad que se ofrece comercialmente en nuestro país a precios muy altos—, con la mira en aumentar dicha velocidad a 100 Mbps en 2015. Lo mismo pasa en Francia y Grecia, donde existe el derecho de acceso a internet sin especificar la velocidad de conexión.
En una encuesta realizada por la BBC World Service en 2010 a 27 mil personas en 26 países, cuatro de cada cinco contestaron que internet debería ser un derecho fundamental.
Entre los países en que se realizó está México, donde 94% de los encuestados considera a internet como un derecho. Esto manifiesta el gran poder que tiene internet para la juventud de nuestro país.
De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, 40 millones de mexicanos tienen acceso a internet (de 112 millones de habitantes); 76% de los mexicanos usuarios de internet tienen menos de 35 años, por lo que gran parte de ellos son “nativos digitales”. Ello representa una oportunidad, pero también un reto para el gobierno dadas las condiciones de desempleo y marginación en México. En gran parte, las recientes movilizaciones políticas en países como Egipto se llevaron a cabo por este segmento de la población ante el descontento de la falta de oportunidades.
México es uno de los primeros países en Latinoamérica —junto con Chile— en reconocer al internet de banda ancha como un derecho a nivel constitucional; en las recientes reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones se incorporó en el artículo sexto la obligación del Estado de garantizar el derecho a los “servicios… de banda ancha e internet”. Si bien la semántica no es la correcta (“banda ancha” no es un servicio por sí solo), lo sustantivo es que, al reconocer los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo internet —un servicio de valor agregado de acuerdo con la ley de telecomunicaciones—, como un derecho y mejorar las condiciones de competencia a través de un nuevo marco jurídico se alcanzará un mayor desarrollo social y económico. Sin embargo, el derecho a internet deberá traer consigo un impulso más significativo a las políticas de inclusión social y digital del gobierno para hacerlo realidad en comunidades donde el mercado difícilmente entra.
La red troncal de telecomunicaciones ordenada en los artículos transitorios de la Constitución harán justamente eso: garantizar el acceso a zonas rezagadas en estos servicios. Esta red deberá demostrar efectividad en el mediano y largo plazos para hacer realidad este derecho.
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