2021.01.13
Vía El Economista
Este lunes, el presidente reunió a su gabinete para analizar la manera de eliminar los órganos constitucionales autónomos y que las dependencias a su cargo asuman sus funciones. Manuel Bartlett, en entrevista banquetera, señaló que estos órganos se crearon para restar poder al Estado y transferirlo a los particulares. Nada más falso. Se crearon para evitar que el gobierno sea juez y parte y para que las coyunturas e intereses de los políticos y burócratas no afectaran el correcto funcionamiento de nuestra economía de mercado, la transparencia, el acceso a la información y la libertad de expresión, pero son parte del Estado y en la designación de sus miembros participan tanto el presidente como el Senado de la República, no los particulares.
El señor Bartlett dijo que para qué necesitamos una Comisión Reguladora de Energía (CRE) si tenemos a la Secretaría de Energía. Le explico. En mercados en competencia no es conveniente que el regulador del sector dependa de la misma persona que decide el destino de la empresa dominante, en este caso, el presidente de la República. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa dominante que debe ser objeto de regulación para que el mercado eléctrico nacional pueda funcionar. Si el presidente es la cabeza del regulador, con toda certeza intervendría para favorecer a la empresa estatal que también depende de él, en perjuicio de las demás empresas competidoras. De hecho, así sucede desde que el presidente López Obrador impuso a sus incondicionales en la CRE. Más allá de que esta situación viola la Constitución y el T-MEC, lo más grave es que ahuyenta la inversión privada, nacional y extranjera, al atacar la seguridad jurídica. Lo mismo pasa con la intención de desaparecer al INAI. Es una mala idea que subordinados del presidente puedan decidir qué información entregan y cuál no. Evidentemente, van a ocultar todo aquello que pueda comprometer al grupo en el poder.
Más allá de la clara intención de acumular poder y restringir información, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos implicaría un retroceso en materia de derechos humanos y competitividad de los mercados. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ambos fueron creados a partir de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica de 2013, con atribuciones muy particulares e innovadoras en nuestro régimen constitucional, que no pueden replicarse en el Ejecutivo federal. Desaparecerlos para que sean absorbidos por el Ejecutivo no implica nada más una reforma administrativa, sino que afectará íntegramente las atribuciones del Estado en ambas materias, debilitándolo frente a los particulares. Es decir, el presidente conseguiría todo lo contrario a lo que dice buscar.
Tanto el IFT como la Cofece han sido efectivos porque sus resoluciones no se pueden recurrir en la vía administrativa, y cuando llegan al juicio de amparo, ningún juez puede suspender sus actos. Así, desde 2013, la estrategia de frenar toda regulación a través de litigios eternos se terminó de tajo. Si desaparecen el IFT y la Cofece, todo lo que haga el gobierno para intentar corregir prácticas monopólicas o concentraciones de mercado será recurrible tanto en la vía administrativa como judicial, y las empresas involucradas podrán obtener la suspensión en juicios de amparo. Es decir, volveríamos a tener autoridades inoperantes ante las estrategias litigiosas de todos los agentes con poder sustancial de mercado o los preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión. En lugar de mercados eficientes se profundizaría la condición oligopólica de muchos sectores. ¿Quién ganaría con esto? Evidentemente, la oligarquía, no el consumidor ni el usuario.