Federico González Luna Bueno/ El Financiero
Trascendió apenas hace unos días que el pasado 30 de noviembre, Satélites Mexicanos decidió desorbitar el satélite Solidaridad II al finalizar la vida útil del mismo. Tal decisión afectó particularmente al servicio que viene prestando Telecomunicaciones de México en cerca de cuatro mil poblaciones rurales que utilizan la telefonía satelital rural como único servicio de telecomunicaciones.
De acuerdo con la fracción II del apartado B del artículo sexto de la Constitución, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados, entre otras condiciones, de forma continua y bajo un principio de cobertura universal.
El satélite Solidaridad II fue lanzado y colocado en su órbita desde 1994 y, conforme a lo programado, terminó su vida útil este año. Había que desactivar el satélite no sólo por el agotamiento del combustible que lo hacía operar, sino por el riesgo que significaba la prolongación de su funcionamiento al poder colisionar con otros artefactos espaciales, dando lugar a un problema que pudiera escalar a responsabilidades internacionales.
Previo a la reforma constitucional de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, tales principios de regularidad y continuidad en los servicios públicos existían expresamente como una obligación concesionaria de cualquier operador de telecomunicaciones, y que vienen de una larga tradición del derecho administrativo y de la teoría de la concesión administrativa.
Aparte de tales principios, ahora constitucionales, en el caso estaríamos ante una vulneración a la conectividad de los habitantes de dichas poblaciones rurales, principalmente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los servicios de telecomunicaciones a estas comunidades se los prestaba Telecomunicaciones de México (Telecomm), organismo descentralizado de la SCT, quien atiende el programa de telefonía rural por satélite denominado `Ruralsat`, para poblaciones entre 60 y 499 habitantes, comunidades marginadas y remotas, de difícil acceso por sus condiciones geográficas, con importantes rezagos en materia económica, educativa, cultural y social.
La labor de Telecomm es esencial para la población de las zonas rurales del país, pues su red de oficinas telegráficas tiene presencia en sitios donde la densidad de los servicios bancarios y de comunicación es baja o nula. Tan sólo a diciembre de 2010, se tenían instalados 12,790 teléfonos satelitales en comunidades rurales cuyo único medio de comunicación es este teléfono comunitario.
En resumen, el Solidaridad II dejó de funcionar con lo que se dejó desprovistos de servicios a quienes venían utilizando la telefonía satelital que se prestaba vía dicho satélite, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿Pudo evitarse la afectación a estas comunidades?
Todo indica que sí. La SCT desde hace un año cuenta con un nuevo satélite, el Bicentenario, con el cual se pueden prestar servicios de internet de banda ancha, telefonía satelital, teleducación, telemedicina, entre otros, y que le permite atender, por ejemplo, a más de 60 mil escuelas.
¿Por qué no se tomaron a tiempo las acciones para evitar esta cancelación del servicio (hiperbásico) de telefonía rural que afectó a casi 4 mil comunidades y a decenas de miles de personas? ¿Qué pensaban en Telecomm cuando esto se aproximaba? De lo que no hay duda es que desde hace años se sabía que el Solidaridad II dejaría de operar a más tardar a fines de 2014, lo que entre otras cosas significaba que también desde hace mucho tiempo se sabía que estas comunidades se quedaran sin servicio si no se actuaba a tiempo.
Quizá lo que más resienten nuestros compatriotas afectados es que tuvieron el servicio y ahora ya no lo tienen, lo que hace pensar en la frialdad con la que quizás actuó la autoridad.
Todo indica que ahora que se sacó de órbita el satélite Solidaridad II se careció precisamente de eso, de un mínimo de solidaridad como sentimiento de cohesión y unidad social.
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