Hoy, la antaño poderosa Rosario Robles, ex jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México), ex presidenta nacional del PRD y titular de dos secretarías de Estado durante la administración de Peña Nieto, amaneció en prisión. Este hecho despertará un interesante debate sobre la posible motivación política detrás de las acusación penal en contra de Robles, pero no es ese el tema de esta columna. A nadie sorprende que cada vez que las corruptelas de algún político o funcionario público salen a la luz, éste acuse al universo entero de confabularse en contra de él, quien sólo busca salvar a la patria. No, yo hablaré de los hechos que llevaron a la ex secretaria a prisión y que, por cierto, no son únicamente atribuibles a ella o a su equipo cercano. Las triangulaciones fraudulentas conocidas como La estafa maestra de ninguna manera fueron la excepción sino la práctica común y cotidiana de por lo menos dos administraciones federales.
La primera vez que tuve conocimiento de la Estafa maestra fue varios años antes del famoso trabajo de investigación periodística que hoy tiene a Rosario Robles en la cárcel. Concretamente, fue a la mitad del sexenio de Felipe Calderón y entonces me di a la tarea de investigar. Después de varios meses de buscar información y consultar con fuentes de confianza, encontré que al igual que en otras dependencias del gobierno de Felipe Calderón, la Comisión Federal de Telecomunicaciones participaba también de este mecanismo de defraudación al erario público. Honestamente, nunca he entendido por qué le llamaron Estafa maestra al mecanismo de triangulación fraudulenta de recursos públicos a través de universidades estatales que después subcontrataban el 100% de los “servicios” a empresas fantasma ligadas a partidos políticos o funcionarios públicos. Era tan burdo, que utilizando únicamente la legislación y regulación en materia de transparencia, pude desenredar la madeja y dar números, fechas y nombres de los involucrados.
Explicaré de manera sencilla la Estafa maestra practicada como deporte nacional durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De conformidad con la ley de adquisiciones federal, en principio, todas las contrataciones deben asignarse mediante licitación pública. Para caso especiales o de emergencia, que no superen ciertos umbrales, la ley permite excepciones, como son la invitación restringida o la asignación directa. Así, si en México se cumpliera la ley, el Estado adquiriría bienes y servicios de manera eficiente e impulsaría la economía. Pero eso no pasa. Había que encontrar alguna manera de transferirle el dinero al compadre. Y la encontraron. El artículo 1º de la propia ley de adquisiciones tiene una excepción adicional: no se requiere licitar cuando se contrate a otras entidades públicas. ¡Idea millonaria! ¿Qué tal si contratamos a universidades públicas de los estados? Así nos blindamos con una doble autonomía frente a la federación, la propia de los estados y la que corresponde a las universidades autónomas de cada uno de ellos. Después, a cambio de una comisión para el rector, la universidad autónoma subcontrata al compadre para que preste “servicios” ambiguos y sin entregables. Así, el dinero termina en las cuentas de la empresa del compadre, que, para mayor seguridad de todos, es propiedad de su jardinero y de la mamá de su chofer. ¡Estafa maestra, señores! Que como ya comprobó Rosario, no es tan maestra.
La defensa de Rosario Robles en el sentido de que ella no firmó ningún contrato es risible. Evidentemente no lo hizo, sólo giró instrucciones para que alguien más lo haga. Estamos tan mal acostumbrados a considerar que sólo los documentos firmados son evidencia, que olvidamos el rastreo del dinero, las periciales, las testimoniales y la presuncional. Por otro lado, Robles no es la única. Son cientos los involucrados en este mecanismo de saqueo durante los gobiernos de Calderón y Peña. Deben ir por ellos, pero, sobre todo, se debe modificar la ley de adquisiciones para que esto no vuelva a suceder.
Si usted está interesado en la Estafa maestra que llevaron a cabo funcionarios del sector telecomunicaciones, le invito a leer mis artículos del 2012 sobre el tema. Si las autoridades hubieran actuado entonces, la puerta para Robles y los suyos se hubiera cerrado.
