2021.01.05
Vía El Sol de México
En estos tiempos de discusión del paquete fiscal 2022, trae a colación que la reforma del sector telecomunicaciones de 2013 ha sido provechosa, que dio un giro a la normatividad en radiodifusión y telecomunicaciones, pero de aquel año al 2021, es pertinente decirlo, falta dar una interpretación constitucional correcta a la reforma del sector, puesto que en diversos temas se ha distorsionado.
Y en efecto, como bien señalaba en su frase Don Jesús Reyes Heroles, “en política la forma es fondo”, no se pueden estar mandando señas, acciones o tener modos fuera de los protocolos de la tolerancia y el diálogo; precisamente, por no guardar las formas el gobierno federal y sus legisladores tienen una contrarreforma eléctrica en suspenso y además cometen el atropello de violar derechos humanos e invadir facultades de otros órganos.
El artículo 28 constitucional, dispone que la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico corresponde al IFT, quien además deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, constituyéndose en la base legal para que el IFT impugne los altos costos del espectro fijados por el Congreso.
Justo la semana pasada, el IFT emitía un comunicado de prensa donde manifestaba que los elevados pagos que impone el Congreso generan una barrera a la competencia y a la conectividad, esta posición podría llevarse del ámbito propositivo al ámbito legal para hacer un planteamiento jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La SCJN tendría materia para discutir el caso, más si ya ha deliberado en dos momentos distintos, sobre la autonomía y especialidad del IFT, cuando abordó el tema de la tarifa cero y la reforma al estatuto orgánico del órgano regulador.
En este caso, la autonomía regulatoria juega un papel relevante, ya que se opondría al afán recaudatorio del gobierno de la 4T que controla al Congreso, y se defendería el desarrollo de las telecomunicaciones y el adecuado aprovechamiento del espectro; no hay que olvidar que recientemente el alto costo del espectro desalentó la inversión en la licitación IFT-10 (relativa al impulso de la red 5G) y favoreció que el preponderante mantenga su poder de mercado.
Es momento que la SCJN valore la verdadera autonomía del IFT en la materia, ya que el Congreso fija tasas tan onerosas que resultan obstáculos para la conectividad y la inversión, que nos mantienen en un retraso tecnológico. ¿Se atreverá el IFT?
