El despliegue de la red 700 MHz es un proyecto de más de 130 mil millones de pesos –casi de la misma magnitud económica que el propio Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México-, pero ha recibido poca atención a pesar de que su construcción debería iniciar este año y concluir en el 2018.
Esta red que serviría tanto para telefonía móvil como para banda ancha (internet), pero que en teoría sólo prestaría servicios a operadores y no al público usuario de manera directa, es uno de los proyectos menos reflexionados del sexenio del presidente Peña. Sus costos serían enormes y sus beneficios poco claros.
Fue una imposición que hizo el Pacto por México en la Constitución, a petición de una solicitud hecha por Juan Molinar Horcasitas. Desde su aparición, en la agenda pública el tema tiene un tufo de corrupción. Primero, Mony de Swaan ex colaborador de Molinar en su calidad de presidente de la Cofetel mandó a hacer un estudio a McKinsey que costó al erario más de 1oo millones de pesos. Segundo, este estudio fue la base para la incorporación de la Red 700 en la Constitución, contrario a lo que está haciendo el resto del mundo. Luego apareció un reporte en El Economista que informaba que Mony de Swaan, intentando hacer negocios como privado pero con información oficial, se acercó a la telefónica Virgin Mobile para que deshiciera su contrato con Telefónica Movistar y usase esta nueva red que él promueve junto con la de Telcel.
Ahora, como tercer elemento tenemos que Alcatel-Lucent y Ericsson han presentado a la SCT una propuesta, no solicitada, para el despliegue de la red mayorista en la banda de 700 MHz. La banda más valiosa para los nuevos servicios de telecomunicaciones en México y el mundo.
De acuerdo con el marco legal vigente, esta propuesta deberá ser analizada por la SCT y ésta dar un fallo hacia marzo de 2015. Sin embargo, no hay que perder de vista que la Ley de Asociaciones Público Privadas establece, en su artículo 31, que si la SCT emite opinión favorable de este proyecto y la dependencia decide llevar a cabo el concurso del proyecto que les fue presentado, entonces los promotores de la propuesta se harán acreedores de un certificado para que quien gane el concurso reembolse los gastos de los estudios que se hubieren llevado a cabo para la preparación de la propuesta. Y aquí es donde empiezan a surgir las preguntas;
l.- ¿Por qué Alcatel-Lucent y Ericsson presentan una propuesta, una idea, para realizar algo que la Constitución ya de por sí manda? No tiene entonces caso que la SCT evalúe la solicitud presentada a menos de que quiera regalar cuanto dinero le vayan a querer cobrar las empresas por la elaboración del estudio enviado.
2.- ¿Acaso el estudio que están presentando no es muy similar o utiliza la información del que McKinsey hizo para justificar la necesidad de una red mayorista en la banda de 700 MHz? Entonces tendríamos, además, que un estudio pagado con recursos públicos hace un par de años es refriteado para sacar más dinero público y ser llevado a bolsas privadas. Todo un negocio redondo.
3.- ¿Cuál es el papel de Luis Lucatero en todo este esquema? El señor Lucatero es hoy en día jefe de la Unidad de Prospectiva en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y realiza los estudios para el despliegue de la banda de 700 MHz. Hace unos años, coincidentemente, fue empleado de Alcatel. Asimismo, el año pasado estuvo cabildeando en el Congreso para que no se impusieran derechos (impuestos) a la banda de 700 MHz.
Este caso debiera despejarlo la SCT a la brevedad por varias razones. Primero, porque los actuales funcionarios de la SCT son quienes conocieron lo que en todo caso debiera ser la red mayorista. Ahora que se especula que el subsecretario de la SCT, Ignacio Peralta, dejará el cargo para buscar la gubernatura de Colima debiera dejar este asunto finiquitado. Segundo, el IFT no debiera tener mayor participación en este asunto, fuera de dar la concesión de espectro a la SCT para desarrollar el proyecto. Cualquier otra intervención del IFT y en particular del señor Lucatero pondría a esta dependencia en un claro conflicto de intereses.
*Cambiando de tema: reveladores dos estudios recientemente publicados. El primero se presentó ayer por la consultoría internacional MillwardBrown. Señala que 70% de los consumidores mexicanos se sienten atrapados por sus proveedores de telefonía, dadas las pocas opciones de competencia y a que los paquetes disponibles en México son más caros que los de otros países. Por ejemplo, señala que un mexicano gasta 40 veces más en telecomunicaciones que un inglés. Sencillamente en México andamos mal en precio, calidad, atención a usuarios y encima es común que se nos hagan cobros indebidos. Por otro lado, está el estudio que presentó GEA, en el que revela que la reforma en telecomunicaciones es la segunda mejor evaluada después de la educativa por la población mexicana. Muy por encima de las reformas en transparencia, financiera, hacendaría, electoral y hasta de la energética. De hecho, 40% de la población cree que los cambios en telecomunicaciones serán para bien. Estas expectativas están generando un repunte en la aprobación del gobierno federal. El reto del gobierno será materializar las expectativas de la gente. Si lo logra, estará bien posicionado para las elecciones del 2015.