El gobierno federal y el Congreso han generado una serie de cambios legislativos que apenas hace unos meses parecían imposibles. Han logrado modificar leyes en materia educativa, financiera, energética, bancaria, tributaria, penal, electoral, autoral, de transparencia y de telecomunicaciones, entre otras. Ahora falta por ver que su ejecución sea la correcta.
Por lo pronto, los únicos que han ganado con las reformas realizadas son los organismos reguladores. Vaya que han ganado, y lo seguirán haciendo, recursos públicos provenientes de nuestros impuestos.
La nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2013 tuvo un presupuesto de 225 millones de pesos, pero para este 2014 su presupuesto aumentó a 297 millones. Un incremento de un 32%, a pesar de que ahora tiene menos facultades que antes, pues todo el tema de la competencia en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión pasó a ser parte del trabajo de otro organismo. Así la Cofece, ahora con menos responsabilidades, tiene anualmente 72 millones de pesos más.
En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), si bien ahora tiene más facultades -por las que se le transfirieron en materia de competencia- su aumento presupuestario es dramático y excesivo. Dramático porque en tan solo un año se triplicó: la Cofetel, anterior regulador de las telecomunicaciones, obtuvo en 2013 un presupuesto de 659 millones de pesos, mientras que el Ifetel cuenta ahora con 2 mil millones. Y excesivo porque ya corrió medio año y sólo ha ejercido apenas el 25% de lo que se le otorgó.
Un tercer caso es el del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE), que pedirá esta misma semana un brutal incremento de presupuesto dadas sus nuevas obligaciones y requerimientos. Para el año entrante, el INE planea pedir entre 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos en gastos, más otros mil millones para la construcción de un edificio. Así, el INE nos podría llegar a costar 4 mil millones de pesos adicionales en 2015.
Es tan grande este incremento que incluso está por encima, en un 20%, de lo que se gastó en el país en las elecciones del 2012. En ese año se eligieron todos los cargos posibles: presidente, senadores, diputados, jefe de gobierno del DF, gobernadores, alcaldes y diputados locales, mientras que el próximo año solamente se elegirán diputados y algunas gubernaturas. Así que tampoco hay comparación, por el número de elecciones, que justifiquen un aumento presupuestal de 4 mil millones. En adición a los gastos del INE, hay que añadir lo que va a costar la nueva sala especializada del Tribunal Electoral, la cual se estima nos costará otros mil millones de pesos.
Todos los aumentos presupuestales arriba señalados son enormes, sobre todo dado que los tres órganos reguladores venían funcionando con relativa estabilidad y menos dinero. La pregunta es: ¿qué van a hacer ahora con tanto dinero? ¿Tendrán eficiencias similares a los recursos extraordinarios que se les están dando?
Lo menos que podemos esperar es que la Cofece asegure que no haya prácticas monopólicas contra los mexicanos y que a las empresas se les permita desarrollarse sin resoluciones banales. Que el Ifetel tome decisiones que hagan que los suscriptores de servicios de telecomunicaciones tengan ahorros y mejor calidad, a la par de que existan más licitaciones en materia de radiodifusión.
Para el caso del INE no hay mucho en qué ganar. Los partidos políticos han venido construyendo leyes a modo con las que sencillamente piden y piden más recursos, teniendo así el modelo electoral más caro en la historia del país. Incluso, quizá, el más caro del mundo. Así que si bien son injustificables los recursos que se le asignan, por lo menos se esperarían campañas más fiscalizadas, procesos electorales más transparentes, menos derroche en contrataciones y una disminución en las cargas absurdas que a menudo imponen a los sectores que supervisan como encuestadores, comunicadores, estaciones de radiodifusión y operadores de televisión restringida.
Con los números arriba presentados queda claro que los ganones de las reformas han sido los organismos reguladores. Esperemos que pronto podamos decir que, por la labor que estos han desarrollado, han valido la pena los enormes recursos que se las han dado, a costa de otras actividades económicas que podrían ser más productivas y que tendrían un impacto social más benéfico que pagar a la alta burocracia. Me refiero a haber construido cientos de escuelas o carreteras y miles de caminos rurales, o asegurar comedores para millones de personas. Pero en cambio se eligió fortalecer a la burocracia. Ojalá los órganos reguladores den rendimientos que prueben que esos recursos estuvieron bien asignados y que el Congreso los fiscalice adecuadamente.
* Analista en telecomunicaciones