Javier Tejado/ Reforma
Un asunto de gran importancia en las semanas por venir será el de quién se hará cargo de la regulación de los contenidos de radio y televisión, luego de la aprobación y entrada en vigor de la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Al respecto hay señales opuestas: por un lado, las iniciativas de legislación secundaria presentadas al Congreso, suscritas por legisladores del PRD, apuntan a que esas funciones recaigan en el nuevo órgano regulador, el Ifetel. Sin embargo, si se revisa el Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados, se verán señales en la dirección contraria, pues aumenta, respecto al año anterior, el presupuesto a la Secretaría de Gobernación para el desarrollo de esas mismas funciones, a través de su Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC).
No se puede escatimar que en una materia tan importante y sensible como la de regular, administrar y clasificar contenidos, RTC ha consolidado experiencia por casi medio siglo y goza de la confianza de prácticamente de todos los actores del sector, desde la Industria hasta los permisionarios y la sociedad civil. RTC logró construir un equilibrio con el otro regulador de los tiempos oficiales en radiodifusión, el Instituto Federal Electoral. Y es que ya domina, luego de varios litigios, el complejo tema de la administración de los tiempos oficiales.
Los sistemas de distribución y monitoreo para el cumplimiento de la ley en materia de contenidos y tiempos oficiales, funcionan eficazmente en Gobernación. Exportarlos, con toda su complejidad, a una nueva entidad que de por sí enfrenta la monumental tarea de encaminar el desarrollo, la competencia y el crecimiento del sector bajo el nuevo marco legal, podría volverse una mala idea y generar tropiezos evitables, además del riesgo de duplicidades y costos si RTC y el Ifetel hicieran labores redundantes.
Otro aspecto a evaluar es el de la seguridad. En las condiciones que enfrentan algunas regiones del país, no es desdeñable que el Ejecutivo mantenga y ejerza debidamente su función de regulación y protección de las estaciones de radio y TV en el territorio nacional. Ya veremos cómo reparte facultades el Congreso entre RTC y el Ifetel.
CAMBIANDO DE TEMA…
Es motivo de preocupación que en un momento tan relevante para las telecomunicaciones en México, cuando se está redefiniendo su marco jurídico y poniendo en marcha un nuevo órgano regulador autónomo -el Ifetel-, se conozca que decisiones regulatorias de gran trascendencia pudieron haberse tomado bajo una lógica de intereses particulares y no en función del interés público.
La información publicada ayer por El Economista sobre presuntas asesorías del hoy ex presidente de Cofetel, Mony de Swaan, al fondo de inversión Tresalia Capital, ligado con VirginMobile y con la ayuda del despacho de consultoría McKinsey&Co -que antes recibió millonarios contratos por parte del mismo De Swaan (ver artículo publicado el 14-052013)- cuestiona algunas decisiones tomadas recientemente en el sector. En particular, enciende las alertas sobre cómo se definió la creación de la controvertida red mayorista en la banda de 700 MHz a cargo del Estado mexicano y financiada con recursos públicos, que superarían los 10.7 mil millones de dólares, sin mencionar los derechos que se dejarían de cobrar.
Preocupante, también, el pago de cerca de 100 millones de pesos desde la Cofetel de Mony de Swaan a McKinsey, para impulsar un plan de telecomunicaciones que no ha funcionado en ningún otro lugar. Y que ahora ambos asesoren a empresas incautas.
Los escándalos que envuelven la gestión del último presidente de la extinta Cofetel, la imposibilidad de recurrir ahora a la suspensión en un proceso de amparo para frenar decisiones que pudieran ser excesivas o irregulares por parte de las autoridades, el hecho de que hay nuevos tribunales especializados que apenas comienzan a crear jurisprudencia, la existencia del nuevo órgano regulador que al no haber tenido fallos significativos no ha mostrado el grado de estudio y precisión técnica que dedicará a los asuntos a su cargo y, finalmente, sin tener claridad de cómo tendremos una regulación secundaria, ocasionan una gran incertidumbre en el sector.
Para muestra, las inversiones en 2013 han caído 27 por ciento en un año y, según la consultoría CIU, se ha agudizado la concentración en el mercado. CIU señala que el índice Herfindal-Hirschman se encuentra ahora como nos encontrábamos hace 10 años. Toda una involución regulatoria. Eso retrasa la competencia, aunado a que para las telecomunicaciones móviles la concentración excede tres veces el límite de un mercado moderadamente concentrado. Estos son algunos retos que reguladores, jueces, legisladores y el Ejecutivo deben atender para que el sector de las telecomunicaciones siga siendo motor del crecimiento nacional.
Twitter: @JTejado
Foto: http://www.freedigitalphotos.net
Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas.
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