Javier Tejado
Reforma
** Banda Ancha: ¿Sabía usted que México es el penúltimo país -dentro de los 34 que integran la OCDE- en penetración de banda ancha? Sólo está peor que nosotros Turquía. Y es que apenas tenemos 11 suscriptores por cada 100 habitantes. ¿Sabía qué además tenemos de las tarifas más altas (sólo superadas por lo que cobran en Chile)? Finalmente, ¿sabía usted que la altísima tarifa que paga por Internet de banda ancha no cumple generalmente con la velocidad ofrecida?
** Telefonía: ¿Sabía que en México pagamos un sobreprecio en servicios telefónicos que representa una pérdida para los usuarios de 13 mil 400 millones de dólares al año? Esto es de los servicios más caros en el mundo. Justo por ello, de los países con los que nos comparamos dentro de la OCDE, ya estamos en penúltimo lugar en acceso a teléfono móvil por habitante. Y que se invierten -para tener buena calidad en el servicio- apenas 346 dólares por usuario, mientras que el promedio en la OCDE son cuatro veces más (1,447 dólares). ¿Sabía usted que cuando habla de un teléfono fijo a un celular se le cobra dos veces la misma llamada? ¿Y que si la llamada se le corta le vuelven a cobrar otras dos llamadas?
** Radio y TV: ¿Sabía usted que hace 18 años que no se entrega ninguna nueva concesión de radio ni de televisión? (Sólo se han entregado permisos para autoridades y universidades).
En resumidas cuentas, tenemos un sector de las telecomunicaciones muy rezagado, lo que ocasiona que paguemos todos los mexicanos de más por servicios deficientes. Por ello, es atinado el diagnostico que ha hecho el “Pacto por México” a efecto de arreglar un tema fundamental para darle mayor competitividad al País y además dar un alivio a la gente en el pago de servicios malos y caros. Pero hasta ahí es donde llega lo acertado del Pacto. Una vez que los partidos quieren “mejorar” las cosas, sus representantes no hacen más que empeorarlas.
Los temas de mejora regulatoria se habían manejado con gran discreción, pero una vez que les ha entrado la prisa y el protagonismo a algunos integrantes, se han empezado a filtrar textos que sólo hacen ver que hay una agenda de poder partidista y alejada del bienestar de los consumidores.
En particular, llama la atención que las dirigencias del PAN y PRD -que no de sus legisladores- busquen crear nuevas burocracias para regular, desde órganos autónomos constitucionales, a las telecomunicaciones, a la radio y a la televisión. Este “invento” no tiene referencia en el mundo. De los 193 países que forman parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ninguno de ellos cuenta con un regulador “autónomo”. En todos los casos le reportan ya sea a un Ministerio (Secretaría de Estado) o al Legislativo. O hay sistemas mixtos, como el de los Estados Unidos, en donde la FCC, si bien depende del legislativo, quien pone a la mayoría de los comisionados es el titular del Ejecutivo.
Y esto tiene lógica, pues el éxito de un regulador de telecomunicaciones depende de varias políticas públicas articuladas entre dependencias (inversión extranjera, homologación de equipos, política tributaria y defensa articulada de decisiones de gobierno).
En el caso concreto de México, además, la Constitución establece que es el Presidente quien se encarga de dos temas fundamentales: la rectoría del desarrollo nacional y la potestad para dar (y revocar) concesiones. Mientras no se cambie el modelo de desarrollo nacional, es inconstitucional tener regulador “autónomo” para las telecomunicaciones.
También vale la pena hacer notar que en noviembre del año pasado, apenas hace tres meses, la Constitución mexicana sufrió modificaciones para que los nuevos comisionados de Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fuesen ratificados por el Senado. Esta nueva figura que permite un equilibrio entre poderes aún no ha sido utilizada y ya hay quien quiere volver a cambiar la Constitución.
Finalmente, desde el punto de vista práctico, las recientes modificaciones a la Ley de Amparo -que limitan la suspensión cuando se trata de bienes del dominio público- afectan centralmente a las telecomunicaciones. Pensar que el Gobierno decidió buscar para sí esta amplísima facultad y que la va a entregar meses después a un órgano regulador “autónomo” (y ajeno a ellos) parecería inverosímil.
Así las cosas -y con independencia de las complejidades que enfrenta actualmente organismos autónomos como el IFE o el IFAI- la realidad técnica, legal y política es que no parece viable la creación de un regulador “autónomo” para las telecomunicaciones. Pero es claro que algunos políticos de oposición no buscan el beneficio de los consumidores. Están en una agenda de poder y de cuotas partidistas. Ojalá la razón predomine y no andemos inventando en México aventuras regulatorias. La única forma de combatir los rezagos en el País es aplicar las políticas que ya fueron exitosas en otros países, en lugar de estar inventando órganos reguladores.