vía El Sol de México.
De nueva cuenta nos encontramos en el mismo dilema de los últimos años, el alto costo del espectro radioeléctrico en México, para nuestros lectores, el espectro es parte del espacio aéreo que se ocupa para transmitir señales de telecomunicaciones, se trata de un bien de la Nación que administra el Estado, por lo que el Gobierno cobra por su aprovechamiento.
El problema en la actualidad oscila en que se cobre poco a cambio de que los operadores lo adquieran, inviertan, mantengan tarifas y sigan desarrollando las redes de telecomunicaciones, lo que aumenta la conectividad y potencia otras actividades económicas y sociales; o bien, que el Estado cobre una cantidad elevada porque sabe que los operadores necesitan ese recurso -para crecer- optando por una visión recaudatoria.
El debate anterior es común durante la discusión y aprobación del paquete económico de cada año, donde viene la Ley Federal de Derechos que establece las cuotas anuales que se deben pagar por el espectro radioeléctrico, si bien para 2023 no se propusieron aumentos a las cuotas bajo la justificación de evitar se eleven los precios de los servicios de telecomunicaciones a fin de proteger la economía de hogares menos favorecidos, lo cierto es que algunos expertos siguen considerando que el espectro en México es caro y se mantiene una posición recaudatoria.
Estudios de diversas instituciones, refieren que nuestro país tiene los mayores cobros, duplicando la media en Latinoamérica y podría llegar a triplicarse. En países de avanzada como Alemania, Austria, Italia, Suiza y Suecia no se establecen cuotas anuales por el uso del espectro o los montos son muy reducidos, inferiores al 5% del valor total de las bandas de frecuencias, en México los derechos anuales rondan entre el 70% y 90% del costo total de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Este alto costo ha provocado se detengan inversiones o se frenen licitaciones, y como señale, tiene implicaciones en la competencia económica del sector, ya que presupone una barrera de entrada a nuevos participantes y da incentivos para que los operadores devuelvan el espectro por incosteable o no inviertan.
La coyuntura del paquete económico para 2023 da la pauta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IFT trabajen conjuntamente a fin de afinar el costo del espectro radioeléctrico, ya el Presidente lo mencionó esta semana, en lo que resta de su administración no podrá desaparecer a los órganos autónomos, pero planteó transformarlos e invitó a los autónomos a trabajar, tal vez esta sea la oportunidad no sólo para ajustar el valor del espectro radioeléctrico sino de dar pasos coordinados en favor de la competencia y el desarrollo del sector telecomunicaciones, de forma institucional y planificada. Eso es política pública.
