Javier Tejado
Reforma
Luego del anuncio del “rescate” de la banda 2.5 GHz, principalmente concesionada a MVS Multivisión, este operador ha amenazado con paralizar el desarrollo de las telecomunicaciones en esta importante banda. Un espacio enorme de 190 MHz, en donde prácticamente cabrían Nextel, Iusacell y Telefónica juntos.
El “rescate”, previsto en varios artículos de la ley de telecomunicaciones, es una declaratoria administrativa y unilateral que tiene como efecto que los bienes de la concesión (el espectro radioeléctrico) vuelvan a la posesión y control del concesionante (el Estado mexicano).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene solamente facultado el rescate de frecuencias en determinadas condiciones, que se señalan en el artículo 23 de la Ley de Telecomunicaciones. Es probable que el Gobierno federal use las siguientes opciones a su disposición: (i) Cuando lo exija el interés público, pues actualmente los concesionarios de esta banda tienen acaparada tal cantidad de espectro -y en desuso- que inhiben se establezcan hasta cuatro nuevos operadores móviles, mismos que además de avanzar el despliegue de infraestructura, generarían más competencia en el País.
También puede argumentar (ii) la introducción de nuevas tecnologías, dado que en esta banda se desarrollaría una tecnología o estándar llamado Long Term Evolution (LTE) que actualmente no opera en nuestro País, pero que se está desarrollando con gran éxito en Asía y Europa, y en Chile y Brasil están iniciando ya su desarrollo.
Pero también podría intentar usar el texto de la ley relativo a (iii) dar cumplimiento a tratados internacionales, pues México es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y ésta fue la que desde 2007-08 recomendó rescatar esta banda de los operadores de TV restringida y licitarla para nuevos servicios de banda ancha.
Por su parte, MVS tiene varios medios de defensa a su alcance. Puede solicitar un recurso de revisión ante la propia SCT. Puede tramitar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aunque lo más seguro es que tramite un juicio de amparo para que su querella sea resuelta por funcionarios que no tengan nada que ver con el Ejecutivo federal.
Hay que decir que MVS no enfrenta un panorama jurídico sencillo, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene jurisprudencia emitida, desde 2007, en la que avaló los criterios vigentes de la ley para “rescatar bandas de frecuencias para la aplicación de nuevas tecnologías”.
Además, varios criterios de la Corte -curiosamente que MVS celebraba en 2007 en torno a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones- les complican aún más su litigio. Esto en lo referente a tener que realizarse licitaciones para ofrecer nuevos servicios y desde luego el no refrendo automático de las 20 concesiones que les vencieron desde el 2008.
Quizá por ello MVS está centrando más su defensa en la parte mediática que en la parte jurídica. Pero aún siguen sin explicar por qué tardaron 18 meses en decir que el Gobierno los estaba presionando respecto a su línea editorial.
Cambiando de tema…
Y hablando de MVS y su parte mediática, sorprende el sesgo informativo que tienen, incluyendo en el noticiario de Carmen Aristegui. Los comunicados de la empresa se leen con bastante énfasis por sus comunicadores, pero los boletines del Gobierno -explicando el mismo tema- son leídos por otras personas con lenguaje de discurso setentero. Quizá para que nadie los escuche.
Se saltan la lectura de los titulares de periódicos cuando éstos no les favorecen. Como aconteció con El Economista, el jueves de la semana pasada, que publicó informes de Cofetel sobre el abandono en que tenían desde 2006 la banda. Llegando al extremo de decir que tenía tan sólo un puñado -seis usuarios- y que estos a lo largo de los años no se incrementaban o disminuían. A lo que la Cofetel llamó elegantemente sus “supuestos” suscriptores.
Además, envían twitts -que distribuye la cuenta oficial de Carmen Aristegui- pero en los cuales también sólo dan cuenta de la información que les conviene. Por ejemplo, para hacer creer que la mayoría de los columnistas los apoyan- hacen una selección de tan sólo cinco artículos a su favor, incluido el de su abogado pagado. Pero ocultan todos los demás.
Lo que nos lleva al tipo de contratos que se da a los comunicadores y debe ser parte de una reflexión profunda en cada medio. Carmen Aristegui en W Radio tenía un contrato como asalariada, pero al ingresar a MVS comentó a varios de sus colegas periodistas que les recomendaba su nuevo esquema: pasar de empleada a accionista. Si esto es lo que tiene con MVS, y por su defensa de los intereses corporativos eso parece, se pone en riesgo la credibilidad al defender intereses comerciales.
