Javier Tejado Dondé /Reforma
Varios temas que aparecieron en la agenda pública la semana pasada muestran que al interior del Gobierno federal no existe claridad en cómo se debe operar a la luz de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Tres ejemplos:
1.- En la Ley Federal de Derechos, que la Secretaría de Hacienda propuso para el 2014, se está incorporando un importante principio, sobre el que anteriormente no existía mucha claridad: que todas las concesiones propiedad del Estado -que usen espectro- deban pagar derechos por la explotación de este valioso recurso. Sobre la misma idea, la SHCP propone que la banda de 700 MHz pague derechos, no importa que la explote un particular o la explote el Estado. Las cuotas de derechos que propone la SHCP para esta banda, por usar los 90 MHz que la Constitución prevé para una red mayorista del Estado, representan anualmente alrededor de 9 mil millones de pesos. Esta decisión de la SHCP transparenta el valor del espectro radioeléctrico y establece un piso parejo para todos los operadores, ya sean públicos o privados.
Pero, claramente, quienes idearon meter en la Constitución la creación de nuevos monopolios estatales para las telecomunicaciones no contaron con que había que incluir, como variable el pago de una contraprestación o derecho acordes al valor del recurso que tenían en mente explotar. ¿En qué va a acabar la red mayorista del Estado luego de las nuevas restricciones presupuéstales que tiene el Gobierno y ante el pago de derechos?
2.- Otro ejemplo de falta de alineación entre la reforma constitucional y las acciones del Gobierno está en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014. En su artículo 17, la SHCP propone, tal y como se hacía en ejercicios anteriores, que la Secretaría de Gobernación administre los tiempos oficiales que las estaciones radio y televisión entregan diaria y gratuitamente al Estado. Sin embargo, parece olvidarse que por la nueva reforma constitucional en telecomunicaciones la autoridad regulatoria única en materia de radiodifusión es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). ¿Puede, entonces, otra autoridad (Gobernación) corregular a la radio y la televisión cuando la Constitución no lo menciona?
3 – Finalmente, ha llamado la atención la incongruencia que guardaría con la reforma constitucional el aparente arreglo al que habrían llegado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con MVS y otros concesionarios en la banda de 2.5 GHz, para dejar sin efectos el procedimiento de rescate que en esta banda inició la Administración anterior. Información en prensa, más no oficial, señala que a cambio de que los concesionarios se desistan de litigios, se quedarían con 60 de los 190 MHz que tenían concesionados. Lo que es mucho espectro.
Pero el supuesto acuerdo se habría construido durante el periodo en el que ya estaba vigente la reforma constitucional, por lo que hay dudas si la SCT tenía competencia en temas de telecomunicaciones. La propia Constitución señala que mientras entraba en funciones el Ifetel (lo que aconteció la semana pasada) transitoriamente correspondía sólo a Cofetel la regulación en materia de telecomunicaciones. Así, el problema en este tema tiene que ver con tres cuestiones: a) la opacidad con que se ha manejado el tema, y que podría significar la mayor ganga en materia de espectro en el País a favor de unas cuantas personas; b) ir a contracorriente de lo que en esta misma banda se ha hecho en el resto del mundo, y c) el hecho de que no sea la autoridad exclusiva en materia de regulación de telecomunicaciones el Ifetel, o su antecesor- la Cofetel los que estén tomando decisiones, sino una autoridad distinta. ¿Es correcto que la SCT tomase, entonces, decisiones cuando no es mencionada ya en la Constitución como autoridad en la materia?
Los tres temas enumerados arriba dan muestra de que el Gobierno federal quizá no ha revisado con atención la nueva reforma constitucional y está tomando, o por tomar, decisiones que podrían ser cuestionables. Y es que claramente la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue más un arreglo político que uno técnico, por lo que ahora está teniendo problemas para la operación rutinaria de los temas de radiodifusión y telecomunicaciones.
Las opciones que tiene el Gobierno son estrechar su coordinación con el nuevo pleno del Ifetel, o tratar de matizar algunos de los cambios puestos en las Constitución cuando se elaboren las leyes secundarias. Pero, por lo pronto, parece que el Gobierno quisiera actuar como siempre se había hecho, sin tomar en cuenta los muchos cambios constitucionales que tuvieron lugar a fines del primer semestre de este año. Lo que es arriesgado, en términos de certeza para los regulados, y de responsabilidad, para los funcionarios.
Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas.
Twitter: @Jtejado.
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