La semana pasada el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, declaró que dentro del proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión -que inician hoy- este instituto no dará a conocer el número de interesados ni los nombres de quienes decidan participar.
Esto supuestamente con el objeto de no revelar el número de jugadores que estarían compitiendo y así no afectar el monto que estarían dispuestos a ofrecer por las cadenas que son licitadas. Monto que deberá de ser por cadena de TV superior a los 830 millones de pesos. Eso sí, promete que habrá transparencia, que todo será documentado y que habrá un testigo social que seguirá puntualmente la licitación. Con lo declarado por el presidente del IFT se pueden sacar varias conclusiones.
Primero, que no están esperando se inscriban muchos participantes. Y por ello quieren esconder el número de inscritos a manera de no castigar las ofertas que pudieran recibir.
Segundo, que en el IFT buscan una transparencia administrada y a destiempo, pues quiénes serán los licitantes y cuánto ofrecen al Estado mexicano se conocerá a posteriori. Lo mismo ocurrirá con el informe que emita el testigo social.
Tercero, que el objetivo de mantener en el anonimato a quienes se inscriban en la licitación parecería tener lógica si el efecto que busca el IFT es uno recaudatorio y no tanto uno de pluralidad programática para la TV. Si uno sabe que es el único postor por una de las cadenas, o por las dos, ofrecerá simplemente el precio mínimo de referencia, mientras que con la incertidumbre de no saber cuántos y quiénes más están participando, cualquier postor estará propenso a ofrecer más, a efecto de no quedar desplazado en la asignación de las nuevas concesiones.
Cuarto, el IFT seguramente se ha dado cuenta que el piso que puso para la licitación de cada cadena de TV, de 830 millones de pesos, es un precio bajo como contraprestación al Estado mexicano y que podrían ser sujetos de alguna responsabilidad en lo futuro. Lo anterior tiene relevancia si se considera que cuando el IFT solicitó la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los montos que establecería como precio mínimo de referencia por cada una de las cadenas, ésta había fijado uno de $1,200 millones y habría considerado el escenario de que pudiera darse un solo postor por cada una de las cadenas. Con la medida anunciada por el IFT, parecería que el regulador se habría arrepentido de los precios mínimos de referencia y ahora pretende generar incertidumbre a los participantes para tratar de extraerles posturas que le garanticen montos ganadores sensiblemente por encima de los $830 millones que como precio mínimo se fijó.
Quinto, parecería que el IFT está tratando de emular al regulador estadounidense, la FCC, que en subastas recientes ha optado por el mecanismo de “subasta anónima”. Éste consiste en que al término de cada ronda de presentación de posturas económicas, la autoridad revela las posturas ganadoras preliminares para cada licencia, pero no revela el nombre del postor que hizo esa postura, así como tampoco si un postor se retiró. Ello tiene por objeto evitar que durante la presentación de posturas, los participantes se envíen señales entre ellos respecto de las preferencias que tienen por obtener determinadas licencias, lo que facilita que se puedan alcanzar arreglos colusivos entre postores que afectarían negativamente el proceso de licitación y por tanto la eficiencia del mismo. Se supone que con este enfoque anónimo las posturas que recibe la FCC por las concesiones que otorga tenderán a ser mayores que si utilizara el mecanismo de la subasta abierta.
Pero el extrapolar el mecanismo estadounidense a México es un error. Se trata de reguladores con mandatos y contextos diferentes. La apuesta por el anonimato que está haciendo el IFT es riesgosa e injustificada, pues por un lado la Constitución no le impone la obligación de obtener el mayor valor económico posible por una concesión que otorgue, lo que sí ocurre con la FCC. Por otro, el enorme espacio de tiempo que hay entre que el IFT conocerá cuántos interesados participan formalmente, la presentación de las posturas económicas, la apertura de éstas y el fallo más de cinco meses sin transparencia abre un espacio de discrecionalidad y de crítica que no beneficia al regulador mexicano, ni es lo que el Congreso buscó con la reforma a las telecomunicaciones. No sobra decir que la licitación de TV será la primera que haga el IFT, mientras que la FCC lleva décadas haciendo licitaciones de todo tipo y de manera exitosa. Que el IFT arranque así su primera licitación -e incluso la primera licitación de radiodifusión en México en 19 años- parece ser una apuesta arriesgada
