Javier Tejado
Reforma
El día de hoy inicia el proceso, en Diputados, para aprobar una serie de reformas, enviadas por el Presidente, que pretenden transformar el sector de las telecomunicaciones (incluida la radiodifusión), pero también implica reformas mayúsculas a todo el régimen de la competencia económica nacional. Dentro de las reformas planteadas desaparecen dos dependencias del Gobierno federal, la Comisión FederaJ de Telecomunicaciones y la Comisión Federal tle Competencia, para dar lugar a dos nuevos organismos autónomos constitucionales tipo el IFE que ya no dependerían del Gobierno federal ni del Presidente de la República. Este cambio es de enormes proporciones. De hecho, en ningún país de los 193 que integran la Unión Internacional de Telecomunicaciones existen organismos como los que ahora se pretenden crear en México. El que los dos nuevos organismos sean exitosos, para mejorar los servicios de telecomunicaciones y la competitividad existente en el País, dependerá de: las siete personas que acaben conformando cada uno de ellos y del mandato jurídico que se les dé. Respecto a las personas que van a integrar estos nuevos órganos de Competencia y Telecomunicaciones, su selección será un procedimiento bastante complicado. Pasa por propuestas de los titulares del Banco de México; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto de Evaluación
Educativa. Aquí está el primer problema, pues estas personas no necesariamente conocen de telecomunicaciones o de competencia económica. De hecho, no tendrían por qué conocer de estos asuntos estando en instituciones que se encargan de otros temas. Luego, los candidatos tendrán que pasar un examen realizado por dos universidades públicas, para luego ser propuestos al Senado por el Presidente de la República. De hecho, aún hay debate sobre si el Presidente propondrá al Senado un candidato o una terna por cada vacante de los nuevos organismos. No hay procedimiento más complejo de nombramiento en el mundo. Si en los nombramientos de Consejeros para el IFE, en los que sólo participa la Cámara de Diputados, no se ponen de acuerdo ni para la expedición de las convocatorias de selección de candidatos, e incluso dejaron un año al IFE sin tres de sus nueve integrantes, los riesgos para la integración de los nuevos organismos reguladores no son menores. Desde no poder nombrar integrantes, pasando por la partidización de organismos técnicos. Respecto al mandato jurídico hay elementos a destacar. Los buenos son: el ánimo de impulsar la competencia en telecomunicaciones, para ahorrarnos al año 18 mil millones de dólares que los consumidores pagamos de más; ampliar la oferta de señales radiodifundidas, mismas que no se entregaban, en su modalidad de concesiones, hace 18 años; la posibilidad de contar por primera vez con mecanismos sencillos para declarar, por su peso en la economía, a actores dominantes; el impulso a la
convergencia de servicios, y, por primera vez contar con estaciones de radio y TV públicas, que serán independientes del Gobierno. Lo malo: el excesivo detalle que le están metiendo a la Constitución. En particular, el ordenar al presente Gobierno y a los siguientes cómo debe ser la operación de empresas gubernamentales en el sector telecomunicaciones. Las victimas de esto serán la Comisión Federal de Electricidad y Telecomunicaciones de México, a las que desde la Constitución les están diciendo cómo operar en lo futuro. Ya sin posibilidad de ir haciendo ajustes con base en las nuevas tecnologías o las demandas del mercado. Lo feo: de nueva cuenta, el riesgo de la censura. El poner en la Constitución conceptos como veracidad en la información o la obligación a la información veraz podría acabar con las opiniones -en radio, TV, impresos e internet-, pues, por definición, la opinión es siempre subjetiva. Más aún, el poner que no podrá haber abuso en los controles oficiales para la información parece que da pie a que haya todo tipo de controles oficiales, mientras no haya abusos. Habría que cuidar mucho más estas definiciones. Ya hemos visto cómo redacciones mal elaboradas, como en la reforma electoral, sí llevaron a tal grado de censura que los medios de comunicación no realizaron debates entre candidatos o limitaron en detrimento de la vida democrática hasta las entrevistas. Además, ¿queremos que el Ifetel, además de avanzar una moderna política de telecomunicaciones, se encargue de andar censurando a medios de comunicación? Veremos qué decide el Congreso. Cambiando de tema: Esta semana, la Cofetel, luego de años de espera, reducirá las áreas de larga distancia de 397 a 181. Esto hará que muchísimas comunidades dejen de pagar llamadas de larga distancia nacional. Representará ahorros en cientos de millones de minutos al mes. La última vez que el Gobierno trató de avanzar esta política (2008) en beneficio de la población más desprotegida, la entonces Subsecretaría de la SCT dio sendas afirmativas fictas en perjuicio de los consumidores mexicanos. Ahí están sus boletines de prensa…
Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas.
