Javier Tejado
Dos temas son claves para entender la reciente estrategia de América Móvil (Telcel y Telmex) en relación con las telecomunicaciones. Éstos denotan una gran inteligencia para operar temas regulatorios, pero también un intento permanente por darles la vuelta a las resoluciones de la autoridad.
Con ello se evita emparejar la cancha en telecomunicaciones y, sobre todo, se evade el reducir los precios de la telefonía para los consumidores. Eso sí, la estrategia es maximizar ganancias para sus accionistas.
El primer tema tiene que ver con la iniciativa de varias autoridades, a lo largo de muchos años, para eliminar las llamadas de larga distancia. Esto es ya una tendencia internacional, lo que indiscutiblemente beneficia a los usuarios de telefonía, pero en México el tema sigue atorado. A tal grado que una llamada de Lerma a Toluca sigue siendo larga distancia, mientras que en muchos países ya sólo hay llamadas locales.
Desde 2008, Telmex ha logrado detener los intentos para reducir las áreas de larga distancia. Esto porque, según datos de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), les implica dejar de percibir una cantidad cercana a 2 mil millones de pesos (mdp) al año.
En 2008, Telmex se quejó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por las intenciones de la Cofetel de reducir las áreas de servicio local. La queja fue turnada a la entonces subsecretaria, Purificación Carpinteyro, quien al no responderla en tiempo le permitió a Telmex obtener una `afirmativa ficta`. Esta ficción jurídica le facilitó a la compañía detener el proceso de eliminación de zonas de larga distancia. (Ver artículo 4/11/08).
Cinco años después y cerca de 10 mil mdp pagados en exceso por los consumidores, en 2013 la Cofetel retomó la iniciativa para eliminar las largas distancias. En una votación empatada, con el voto de calidad de Mony de Swaan, se le dio a Telmex hasta el 2016 para iniciar la reducción de áreas. Hoy en día nos enteramos de que, a pesar de darle más años, el primer juicio de los Tribunales especiales en telecomunicaciones para no eliminar las llamadas de larga distancia es el 1/2013 de Telmex.
El otro tema es el reportado sobre escisiones corporativas en las que, según analistas, Telmex estaría desincorporando de su estructura centrales telefónicas, redes y cableado. Con lo anterior se podría complicar cualquier resolución del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendiente a eficientar la interconexión entre telefónicas. Las empresas escindidas sí han informado en el pasado -y a varias dependencias gubernamentales- que en ellas había infraestructura telefónica. Pero Telmex ahora señala que es sólo una operación inmobiliaria. Se dice que en realidad era una maquinación para llevar activos telefónicos a un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces (Fibra), con lo que los activos de la red de Telmex habrían quedado fuera del ámbito de regulación del IFT. Así que para intentar saber qué había detrás de esta operación se tendrá que esperar a los informes de la propia autoridad.
Pero surgen dos preguntas: a) ¿por qué Telmex no les avisó de las escisiones a la SCT o al IFT? Sobre todo cuando la Ley de Vías Generales de Comunicación ordena que el enajenar la concesión o los bienes afectos al servicio de que se trate, sin previa aprobación, es causal de revocación de concesiones, y b) ¿por qué, si existe una suspensión a su escisión, no ha informado al mercado de valores?
Las maniobras jurídicas y financieras que ha hecho América Móvil son bastante complejas y, probablemente, dado que salió a la luz pública el asunto, nunca se conocerá cuál era su verdadera intención. Si la autoridad confirma que, además de terrenos, en las empresas escindidas había activos para operar el sistema telefónico, es claro que todo habría sido un montaje para intentar evadir la regulación.
A Telmex nunca le ha gustado, como acontece en el resto del mundo, el uso compartido de la red del dominante. De hecho, desde siempre ha venido argumentando que desagregar su red desincentivará las inversiones, pero omite señalar que gracias a su dominancia en realidad ha reducido su inversión al mínimo. En México, Telmex-Telcel sólo invierten alrededor del 15 por ciento de sus ingresos anuales, mientras que en otros países donde no son dominantes destinan hasta el 50 por ciento.
Ahora que hay un nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y una nueva autoridad, parece que estamos frente a los embates de siempre para evitar la competencia. Pronto sabremos si, como ha sido la constante en los últimos 20 años, seguiremos con elevados precios y servicios deficientes o se abrirá de lleno la puerta a la competencia efectiva en beneficio de los mexicanos.