Javier Tejado. Reforma, martes 25 de junio de 2013
En el vacío regulatorio que se generó entre la legalmente moribunda Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el aún nonato Instituto Federal de las Telecomunicaciones se están tomando decisiones oprobiosas. Decisiones que afectarán el desarrollo de las telecomunicaciones y a millones de consumidores.
En las últimas semanas se ha hecho evidente la división que hay al interior de la Cofetel, como se notó en la comparecencia que los comisionados tuvieron en el Senado. Pero sobre todo ha quedado evidenciado un proceso decisorio ilógico e irresponsable.
Ahí está el tema del apagón de la TV analógica en Tijuana. Dicho apagón se pospuso, a principios de año, por petición del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. Este tuvo el tino de reagendar a medio proceso electoral en Baja California, por lo que autoridades electorales y todos los partidos políticos pidieron una prórroga de unas semanas para no afectar las elecciones. Esto encolerizó al presidente de la Cofetel, quien aseguró que el proceso de digitalización en Tijuana había sido `satisfactorio`. Sin embargo, inexplicablemente votó contra su propio dicho y a favor de mover por segunda ocasión el plazo. Plazo ahora fijado para mediados de julio. Acusó al alcalde de Tijuana y a los medios de comunicación de complotear en su contra. Respecto a las televisoras, a un mes del fallido apagón, no ha podido siquiera iniciarles procedimiento sancionatorio por las varias irregularidades de que les acusó. Sencillamente, nunca tuvo pruebas y, en cambio, no tuvo la sensibilidad de agradecer a Canal 11, Telemundo, Azteca y Televisa que se dieran por notificadas en días y horas inhábiles para reestablecer el servicio público – y corregir los errores de la Cofetel- en Tijuana. De lo que sí aparecieron pruebas es que hasta en Cofetel estaban inciertos a cuánta gente estaban dejando sin televisión.
Pero también está el hecho de que México se quedó sin participación en uno de los eventos más relevantes sobre banda ancha (Bradband for all) que organiza esta semana Ericsson en conjunto con los reguladores de Estados Unidos, Suecia y Australia. Sencillamente, por pugnas internas, el área administrativa de Cofetel decidió retrasar las autorizaciones para los ponentes, con lo que la representación de México tuvo que cancelar.
La joya de los desatinos fue una decisión del miércoles pasado, sobre la que poco se comentó. Y es que luego de 7 años de discusiones entre autoridades y empresas telefónicas, la Cofetel estaba lista y había circulado un proyecto para reducir, en más de la mitad, las áreas de larga distancia en el País. La idea era reducir de 397 áreas de servicio local a 173.
Con esto, llamadas que hoy en día se cobran como larga distancia dejarían de serlo. Entre las zonas y habitantes beneficiados estaban los de Toluca que llaman al municipio de Lerma; los de Tijuana que se comunican con habitantes en Tecate o Playas de Rosarito; los de Atlixco con Puebla, o los de Córdoba con Orizaba, por dar algunos ejemplos. Anualmente, millones de consumidores mexicanos pagan por estas largas distancias -que no debieran serlo- la cantidad de mil 900 millones de pesos, según documentos oficiales.
Así, con un debate que había iniciado desde 2008, consultas realizadas a la industria y un proyecto circulado que ordenaba iniciar la reducción de áreas de larga distancia, en 6 meses dio un giro inesperado empatándose la votación en Cofetel. Los comisionados Martínez y Milo, a favor del plazo originalmente programado en beneficio de los consumidores; mientras que los comisionados Peralta y De Swaan, a favor de seguirles permitiendo a las telefónicas la realización de cobros extraordinarios. Dado el empate, De Swaan ejerció su voto de calidad logrando posponer la reducción hasta dentro de 2 años. Esto representa, según cifras de la propia Cofetel, que los consumidores mexicanos van a tener una pérdida de bienestar (o lo que yo llamaría cobros indebidos) por la cantidad de 2 mil 600 millones de pesos.
La decisión beneficia a todas las empresas de telefonía fija, pero perjudica a todos los consumidores mexicanos. Y así, sin mayor discusión pública, se privilegió beneficiar a empresas sobre consumidores. No importó que el programa de reducir áreas de larga distancia todos lo conocieran desde 2008 (por cierto, también saboteado en aquella ocasión por las telefónicas). No importó que la OCDE en todas sus recomendaciones a México haya señalado el tema como prioritario para el desarrollo del país. Tampoco importó que en la difícil situación económica del país, millones de familias hubieran ahorrado algo pagando menos por su servicio telefónico. Sencillamente, los consumidores mexicanos tendrán que esperar hasta el 2015 para dejar de pagar abusivas largas distancias.
La agonizante Cofetel cierra con esta decisión sus 17 años de existencia. Y lo hace enfrentada, en opacidad y con el mayor desprecio posible hacia los consumidores. Cofetel merecía un mejor fin que el que le han dado.
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