Javier Tejado Dondé/ Reforma
El sector telecomunicaciones en México está a la expectativa de nuevas oportunidades de desarrollo a raíz de la reforma constitucional recientemente aprobada. Sin embargo, la emoción para invertir en el País parece estar menguando por la incertidumbre que están generando algunas políticas públicas, además de variables internacionales que no se tenían previstas. Pero hay varias razones que causan incertidumbre entre inversionistas:
· La reforma constitucional en telecomunicaciones, aprobada en abril, está resultando no ser tan promotora de la inversión como se pensaba. Además, varios de los conceptos abordados resultaron no ser estructurados como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había recomendado, luego de un amplio análisis de las mejores prácticas internacionales.
· El nuevo órgano regulador no ha tomado decisión alguna que permita empezar a generar certidumbre. Dice que apenas está recibiendo archivos de la SCT. Si bien es entendible que el Ifetel tome su tiempo para dictar resoluciones, la realidad es que estas van a estar bajo un gran escrutinio. Sobre todo de inversionistas -actuales y potenciales- que estarán buscando señales sobre la seriedad con que elaborará sus resoluciones. Nadie va a venir a invertir en México millones de dólares si el Ifetel no garantiza certeza en inversiones y una sana competencia. Además, dado que la Constitución y la ley de amparo prohibieron la suspensión en temas de telecomunicaciones -lo que en los hechos impide frenar actos de autoridad que se consideren abusivos- los operadores estarán leyendo cada línea de las resoluciones del Ifetel antes de definir inversiones.
· De la mano con el cambio de cómo opera el amparo hay nuevos tribunales especializados. Para que estos definan sus criterios, tendrán que pasar cuando menos un par de años. Lo que genera cuando menos incertidumbre temporal adicional.
Estos elementos ya estaban sobre la mesa hace unos meses. Sin embargo, no ha habido avances para generar certidumbre. Al contrario, hay varias decisiones que la acrecientan:
1.- Opacidad en decisiones gubernamentales, como el refrendo a la enorme banda de 2.5 GHz. Semanas después de que esto habría acontecido no hay ninguna comunicación oficial, ni por parte de la SCT ni del Ifetel. Y, aún peor, se habría hecho incluso en contra de la propia Constitución, pues no existe el programa nacional de espectro que ésta mandata.
2.- Comportamiento anticompetitivo del Estado, como las recientes revelaciones de REFORMA/Negocios, en las que se muestra que cada vez es más común que el Gobierno se autoasigne contratos en materia de servicios de voz y datos, vía asignaciones directas a la Comisión Federal de Electricidad. Con esto, el Gobierno está otorgando ventajas injustificadas a sus propias empresas, pero además encarece lo que se contrata, pues se paga con recursos públicos, recursos que vienen de nuestros impuestos, y al no haber licitación, es imposible que el Estado obtenga las mejores condiciones para las contrataciones que hace. Además, en este País no hay registro de un solo operador gubernamental eficiente en el sector telecomunicaciones.
3.- No hay que olvidar que el Gobierno también creará una súper empresa en telecomunicaciones. Una nueva paraestatal gubernamental, como en su momento lo fue Telmex, en pleno siglo 21. Esta empresa operará una red mayorista, en la banda de 700 MHz, que ofrecerá servicios a otros operadores. No hay registro en el mundo de un proyecto similar. Nadie sabe si será exitoso. Pero, además de que gran cantidad de espectro no será licitado entre operadores particulares, se comenta en el Congreso que a esta banda se le estarían reduciendo los derechos drásticamente. Lo cual apunta a otra forma de distorsionar el mercado, pues el Estado estaría compitiendo en un mercado con condiciones ventajosas y distintas al resto de los operadores. Además, al no pagar derechos (o derechos similares a los que pagan operadores particulares), el Estado deja de ingresar a las arcas nacionales enormes recursos. Sencillamente, el plan del Estado parece sólo gastar.
Así las cosas, ¿quién va a invertir en México si no se conocen decisiones de las autoridades? ¿Cuál es la certidumbre que se dará a operadores para venir a México? ¿Qué papel jugará el Estado: regulador o competidor? Ojalá el Gobierno se dedique a que las telecomunicaciones, uno de los motores de la economía nacional, no pierdan su dinamismo.
Cambiando de tema: revelador que unos informes gubernamentales, obtenidos por un semanario político, liguen al asesor del Consejo Coordinador Empresarial, Fernando Butler, con la empresa dominante en telecomunicaciones, Telmex. Aun peor, que una supuesta asociación en defensa de los usuarios de telecomunicaciones, Observatel, sea en realidad un parapeto financiado por Telmex y con patrocinio de MVS. Ojalá la revista Contralínea hiciera públicos los documentos que dice tener de manera íntegra. Por lo visto, ni el CCE representa a todos sus miembros, ni Observatel a la sociedad civil.
Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa a las opiniones de las instituciones mencionadas.
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