Sorprende y lastima la magnitud de problemas que se están viviendo en entidades y municipios gobernados por el PRD. Dos muestras de esta semana son particularmente Oaxaca y Guerrero, donde la impunidad y la violencia se han desbordado.
Sobresale además el caso de la ciudad de Iguala, también con alcalde perredista, prófugo de la justicia y cuyos elementos policiacos habrían participado en el secuestro, tortura y muerte de decenas de estudiantes.
El tema y sus alcances son indignantes, ahora que sabemos el nivel de corrupción de varias autoridades de extracción perredista. Por ello, resulta interesante saber en qué ocuparon sus últimas semanas la dirigencia saliente del PRD y sus alcaldes. Uno pensaría que estarían viendo cómo mejorar la seguridad en sus municipios o cómo bajar los índices de corrupción. Pero no, estaban organizando y ordenando firmar Controversias, ante la Suprema Corte, para impugnar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Básicamente lo que quieren los perredistas, auspiciados por su expresidente nacional, Jesús Zambrano, es hacer negocios y competirle a la radio comercial utilizando las estaciones de radio sociales.
No fue suficiente, para el PRD, que en la recién aprobada LFTR las estaciones de uso social tengan garantizados para ellas un porcentaje del espectro radiofónico. Tampoco que sus solicitudes para tener estaciones de radio, deben de ser perfeccionadas por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Asimismo, tampoco les bastó que les dieran recursos públicos para su mantenimiento, ni que se les exentara de pagar tiempos fiscales (espacios gratuitos al Estado), como hacen los concesionarios comerciales y los medios públicos.
Ahora el PRD quiere que las estaciones sociales vendan publicidad de igual forma que las estaciones comerciales, pero manteniendo las prebendas antes señaladas. Lo mejor de los dos mundos: privilegios y ayudas por ser estaciones sociales, pero posibilidad de comercializar como empresarios.
Así, en las controversias constitucionales que varios municipios perredistas firmaron y que tiene bajo su estudio el Ministro José Ramón Cossío, en la Corte se quejan de que la radio social es segregada y marginada. Pero todo ello es un pretexto para apuntalar lo que buscan: homologar sus espacios comerciales a la radio privada-comercial.
Por si eso fuera poco, también quieren que los ayuntamientos y gobiernos estatales les puedan inyectar más recursos para publicidad de lo que la ley permite. Esto es, buscan cuanto espacio puedan comercializar, cuando el modelo de radio pública más relevante, el europeo, ha dejado atrás que los medios sociales y públicos comercialicen pues los alejaba de la función social que tienen que atender.
La estrategia que están montando va de la mano con el crecimiento exponencial que de radios clandestinas (sin permiso o concesión oficial) se viene dando, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La gran mayoría de las estaciones clandestinas que operan les son afines políticamente. De hecho, varias de estas, según documentos oficiales, transmiten desde alcaldías gobernadas por el PRD.
Así, la estrategia que están implementando va, por un lado, a aumentar el número de estaciones sociales existentes y, por otro, a asegurar tengan recursos privados y públicos para hacer labor proselitista. Por ejemplo, los documentos ingresados a la Corte apuntan a que están pensando que municipios o gobiernos perredistas apoyen a estaciones en otras demarcaciones, a efecto de ir construyendo una red de comunicación afín. Esa red les permitirá estar mejor posicionados para las campañas de aire (radiodifusión).
Para la industria de la radiodifusión este modelo ha probado en Sudamérica ser ruinoso, pues en los países que lo han implementado como Argentina, Bolivia o Venezuela, la radio comercial ha prácticamente desaparecido por competencia desleal. Para los medios públicos también sería grave, pues se politizaría la obtención de recursos públicos, entre apoyar buenos proyectos mediáticos o estaciones radiodifusoras políticamente afines.
La palabra la tendrá la Suprema Corte, pero no está en juego la existencia del modelo de comunicación social. Lo que está en juego es una estrategia para utilizar el nuevo modelo de la radio social en México para hacer negocio y que, a la par, sea punta de lanza en la estrategia electoral del PRD en el sureste. Al tiempo.
Twitter: @JTejado
