Javier Tejado
Reforma
Una filtración de un contratista de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos (NSA), así como la labor de investigación de los diarios Washington Post y The Guardian, ha dejado ver las amplias capacidades de espionaje que hoy existen.
En el caso concreto de EU ha sido impresionante conocer que todas las llamada telefónicas de cientos de millones de personas, así como cualquier actividad realizada en Internet (mails, chats o bajar videos) es rutinariamente revisada, filtrada y archivada por las supercomputadoras del Gobierno norteamericano. Esta información, conocida como “metadata”, incluye las comunicaciones de estadounidenses, pero también de ciudadanos de otros países. Por lo que respecta a los americanos, no hay evidencia de que la información archivada revele el contenido en sí mismo de las comunicaciones. Pero sí revela quién se comunica con quién -por la vía que sea-, la frecuencia con que lo hacen, la duración, el lugar de cada comunicación y el tipo de archivos que se intercambian. A esta recopilación de información se le conoce como “Data-Mining” y permite tener una radiografía de la vida de cualquier persona en el mundo. Con esta información se ha vuelto obsoleto el seguimiento físico a los sujetos espiados.
Todas las empresas que han venido colaborando con EU para montar estas capacidades de inteligencia: Hotmail, Google, Yahoo, Facebook, Youtube, Skype, AOL y Apple. Y las que no lo han hecho de manera voluntaria, han sido forzadas por jueces federales, como es el caso de Verizon, además de obligarlas a guardar silencio para no alertar de las avanzadas capacidades de recopilación.
Lo que están haciendo las autoridades norteamericanas es perfectamente legal: el Congreso aprobó el Patriot Act para realizar búsquedas de metadata en los usuarios de telecomunicaciones; jueces federales, bajo el Foreign Intelligence Surveillance Court, autorizan escuchas y obligan a entregar información de las empresas a la NSA; y varios legisladores integran el Intelligence Committee para supervisar el actuar de los 16 organismos de inteligencia norteamericanos. Así que su sistema funciona en la captura de información y en la rendición de cuentas.
En México, la escucha de comunicaciones privadas solamente es mediante la autorización de un juez federal y a petición de la PGR. Pero también se permite, y sin orden judicial, obtener todo tipo de registros de llamadas, así como la geolocalización de equipos cuando la PGR o las Procuradurías de los Estados relacionan equipos de comunicación en investigaciones con narcotráfico, secuestros y extorsión. Así, la búsqueda de metadata está permitida en México, pero sólo para casos individuales. No de manera generalizada.
Pero las procuradurías encuentran constantemente problemas de colaboración con las empresas de comunicaciones, ya que éstas raras veces atienden en “tiempo real” -como mandata la ley- las peticiones. Esta no cooperación incluso ha causado pérdida de vidas. Sin embargo, para sancionar a las empresas, la autoridad tiene que comprobarles que actuaron de forma dolosa y, en su caso, la multa más alta apenas ascendería a 160 mil pesos. De tal forma que la PGR y otras autoridades federales están buscando adecuaciones legales para poder imponer sanciones más severas para los casos en que exista una negación de poner a disposición la información en tiempo real.
Es para todos sabido que diferentes entidades federales, dependencias locales e incluso empresas de comunicaciones hacen en México escuchas de manera ilegal. Por lo que también valdría la pena reformar la ley para sancionar enérgicamente a quienes lo hacen sin la debida autorización.
Nos puede gustar o no el tema de la pérdida de la privacidad, pero la realidad es que los equipos celulares e Internet facilitan el recopilar información, y los Estados la van a buscar, incluso de manera extraterritorial, para fines de seguridad. Así que lo relevante en estos momentos es asegurar que cada país tenga un marco legal de cómo puede obtener información y el cuidado que debe tener para con la misma. También es relevante instrumentar la supervisión de jueces y legisladores sobre los organismos de inteligencia. En resumen, si bien ha causado sorpresa lo avanzado de la tecnología para el espionaje, resulta aún más sorprendente que EU haya puesto en operación todo un sistema para evitar excesos.
Finalmente, hay que comentar que para EU el poner en práctica el sistema que permite obtener información de todas las empresas de telecomunicaciones, conocido como Prisma, le cuesta anualmente 20 millones de dólares. Mientras que aquí nos gastamos esa cantidad para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que registró 98 millones de líneas telefónicas asociadas a la información de sus propietarios, pero luego de 2 años se ordenó destruir toda la información recabada ante las dudas en el proceso de su registro. Así que hasta en la forma de gastar recursos públicos el modelo norteamericano sirve como referencia.