Hace uno días, América Móvil (AMX) controladora de Telcel y Telmex hizo público que estaría optando por desincorporar activos para dejar de tener una participación superior del 50 por ciento del sector telecomunicaciones. Si logra situarse por debajo de ese parámetro, le dejaría de aplicar la regulación de preponderancia que se plasmó en la Constitución hace poco más de un año.
Para AMX, dejar de ser preponderante significaría: dejar de dar interconexión a tasa cero a sus competidores; poder negar el acceso a sus redes móviles para nuevos operadores virtuales, como Virgin Mobile; negar la desagregación de su bucle local a la telefonía fija; regresar a la práctica de discriminar tráfico en función de las redes de origen y destino (On-Net/ Off Net); volver a establecer contratos de exclusividad para la distribución de equipos celulares, y, cuando se le autorice dar video, llevar los contenidos de Televisa y TV Azteca de manera gratuita. Ello podría suceder hacia inicios del 2016.
La recién aprobada ley de telecomunicaciones tiene un artículo específico que regula cómo debe de ser la desincorporación de activos de AMX a efecto de que exista una competencia real. El artículo es el Décimo Segundo Transitorio y se incluyó a petición expresa de AMX, aunque tanto el Gobierno federal como en el Congreso le metieron mano a efecto de evitar que fuese una simulación o que simplemente se deshicieran de la cobertura social y rural que están obligados a dar. Clave para que la desincorporación de activos de AMX sea avalada por la autoridad es la existencia de una “competencia efectiva en los mercados que integran el sector telecomunicaciones, y que la participación en el sector que el agente preponderante disminuye sea transferida a otro u otros agentes económicos distintos e independientes del agente económico preponderante”.
Sin embargo, la observancia de las empresas de AMX para con las reglas no ha sido siempre escrupulosa y sus competidores señalan incumplimientos reiterados y simulaciones. A la par de ello, las autoridades mexicanas tardan años en resolver las denuncias presentadas, lo que no genera certidumbre en el sector. Están, por ejemplo, las denuncias realizadas desde 2010 acusando a Telmex de tener una asociación encubierta con DISH, mismas que apenas están siendo investigadas. Pero hay otras acusaciones respecto a la ilegalidad de UnoTV o escisiones corporativas que de centrales telefónicas estaba haciendo Telmex, hacia empresas inmobiliarias, para evadir las preponderancias en las que el Ifetel aún no tiene fecha para resolver. Así, el recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no sólo debe acelerar sus tiempos de respuesta, sino debe de ser cuidadoso en cómo investiga y resuelve todo tipo de denuncias.
El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión parecen no haber tenido expectativas muy altas del desempeño del Ifetel, pues en aspectos que pudieron haber quedado bajo su discreción se optó, en ley, por señalarles a detalle cómo deberían de actuar.
El Ifetel tiene, por lo pronto, dos retos para asegurar su permanencia como regulador autónomo e independiente. Sacar adelante la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión y asegurar que la desincorporación que ha anunciado AMX a los mercados no sea una mera simulación para evitar la regulación asimétrica de preponderancia. Y es que ya han surgido muchas dudas y especulaciones al respecto. No menor es que el comunicador estelar de Telmex, José Cárdenas según se reportó la semana pasada en El Economista haya señalado frente a varias personas que la decisión de AMX de aliarse con AT&T era en realidad una alianza estratégica.
Si el Ifetel no logra avanzar la competencia en los sectores de la radiodifusión y en el de telecomunicaciones, con credibilidad y seriedad, sus días estarán contados. La ley recién aprobada debe ser vista como una llamada de atención de las fuerzas políticas al Ifetel. Para colmo, mientras se discutían temas torales para el futuro de las comunicaciones en el País, algunos comisionados cabildeaban para asegurar un haber de retiro en ley. Lo que no prosperó, pero generó desconfianza por parte de legisladores y funcionarios federales.
En Colombia, por situaciones similares a las que existen en México, se creó un regulador independiente en 1995. Luego de varias resoluciones cuestionables y malos manejos administrativos, el Congreso colombiano cambió la ley en 2011, removió a los funcionarios y creó un nuevo regulador sectorizado de nueva cuenta en el gobierno colombiano. ¿Cuál será el destino que escriba para sí el Ifetel?
Cambiando de tema: Luego de 15 años de escribir en estas páginas, he decidido tomar un descanso. Agradezco a directivos y editores del Reforma sus atenciones todos estos años. Pero sobre a todo a usted, querido lector, le agradezco su tiempo. Pronto nos volveremos a encontrar. Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas
