Al inicio de la presente administración varias reformas fueron posicionadas como “de gran calado”. La verdad es que lo son, o más bien, lo fueron, pues parecen estar fracasando.
La reforma energética, por ejemplo, enfrenta problemas por la caída en los precios del petróleo y por el próximo levantamiento de sanciones de la ONU a Irán, que hará caer aun más los precios del petróleo, pero también por haber creado reglas discrecionales en exceso que dan pie a incertidumbre e incluso a márgenes para actos de corrupción. Así, en la llamada “Ronda Uno” sólo se adjudicaron dos campos para explotación privada, de 14 a disposición.
En la reforma educativa, la inaplicabilidad de la letra de la ley, en concreto el no sancionar a maestros por dejar de dar clases y la no evaluación a varios estados evidencian que los acuerdos políticos están por encima del cumplimiento de la ley. En varios estados del país los alumnos no han tenido mejora alguna en sus cursos y la CNTE —principal opositora a las reformas— amplió sus operaciones de tres a 12 entidades federativas.
La reforma electoral probó ser un desastre. Los partidos tuvieron más prerrogativas que en elecciones pasadas —spots y dinero—, hubo más litigios que en otras ocasiones y la relación del INE con los organismos electorales locales es caótica. Además, las investigaciones que sufrieron la radio, la TV abierta y la de paga, las revistas y hasta los estadios de futbol por presuntamente violar el “modelo de comunicación política” no tuvieron precedentes y significaron un abierto ataque a la libertad de expresión y de trabajo.
La reforma en telecomunicaciones es la única que parece estar avanzando. Llegó un nuevo operador de telefonía móvil al país: ATT, se licitó una nueva cadena de TV abierta y se sometió a un régimen especial, llamado preponderancia, tanto a América Móvil (Telmex-Telcel) como a Televisa. Se eliminaron los cargos de Larga Distancia Nacional, varias empresas están reduciendo sus cargos de roaming internacional y algunas como Izzi han presentado a los consumidores ofertas hasta hace meses inimaginables, como llamadas ilimitadas nacionales e internacionales por un precio fijo al mes.
Pero parece que el progreso de la reforma en telecomunicaciones tiene sus días contados, por la falta de certidumbre para concesionarios y operadores en el país.
En materia de TV abierta se anunció que habrá una nueva licitación, en la que al parecer se permitirá participar nacional, regional y hasta localmente. Esto significa que las restricciones que se le impusieron a Grupo Imagen, ganador en marzo de este año de una cadena nacional de TV, ya no seguirán vigentes, poniéndolo en desventaja ante nuevos entrantes, aun antes de iniciar operaciones. Se le obligó a hacer una oferta por 123 plazas y ahora parece que el IFT permitirá seleccionar plazas de manera individual. Si Imagen hubiera podido hacer esto en su momento seguramente no habría ofertado por todas esas plazas, mientras que ahora enfrentará a nuevos competidores que podrán descremar mercado sólo en las plazas más rentables.
También en televisión no hay señales de que se cumplan puntualmente las reglas para concretar el apagón de TV analógica este año. El reparto de televisores va más lento de lo planeado, lo que dejaría en incertidumbre a Televisa, Azteca e Imagen. Y los medios de TV públicos —federales y de gobiernos estatales— van muy rezagados en implementar sus transmisiones digitales. En teoría, todos los operadores de TV deben estar realizando transmisiones digitales en el mes de agosto, pero esa meta será incumplida.
En TV restringida parece que se le da a América Móvil algún tipo de protección institucional. En casi 4 años no se ha resuelto la legalidad o no de UnoTV y en casi 2 tampoco la de ClaroVideo. Y pese a que la relación Telmex-Dish fue declarada como concentración indebida, no se ha procedido, en casi 4 años, a sancionar la violación a sus títulos de concesión y a la Constitución.
En radio, los concesionarios enfrentan el pago de cobros excesivos para refrendar sus estaciones y ahora que viene una licitación de 191 nuevas estaciones la incertidumbre se generaliza, dado que el IFT está diciendo informalmente que quiere seguir licitando con base en criterios demográficos. Sin criterios establecidos, ni la radio actual ni los ganadores de la licitación de finales de este año tendrán certeza.
En materia de telecomunicaciones, los criterios que dio a conocer SCT sobre la red pública en la banda de 700 MHz, la llamada red mayorista, dejan ver que no se sabe lo que se busca. No han podido darle lógica a este invento del Pacto por México, cuyo único antecedente es una red similar en Ruanda. Si de por sí la burocracia parece complicar el éxito de esta red, la idea de sólo poner a disposición de esta red un par de hilos de la red de CFE hace ver que no se le quiere potencializar.
Ahora bien, dada la urgente necesidad de poner cada vez más espectro en el mercado, el IFT anunció la licitación de la banda de 600 MHz en nuestro país, lo que podría ocurrir en un lapso breve después de que inicie operaciones la red mayorista. Todo indica que esta banda sí sería licitada entre operadores privados, por lo que muy pronto podría generar presiones a la red mayorista y podríamos atestiguar un proceso de canibalización de un modelo sobre el otro.
Se sabe que hace unos meses se pensó revertir el modelo de la red mayorista y modificar la Constitución, tanto por su elevado costo como por ineficiencias de mercado, pero el gobierno no se atrevió a dar ese paso, lo que hubiera sido una buena medida. Le preocupaba que abrir la Constitución para este tema hiciera que otros quisieran abrir otros temas recién plasmados. El resultado es que el gobierno, y en concreto la SCT, está por incurrir en un enorme dispendio de recursos en un plan que no tiene pies ni cabeza, todo por temor al “qué dirán”.
Así, todas las reformas estructurales enfrentan complejidades. Unas por mal diseño legislativo e institucional, otras por falta de ejecución y otras por factores externos. Ojalá que el sector telecomunicaciones logre sortear los retos que enfrenta. Para ello, el IFT debe dar certeza, actuar con rapidez y eficiencia, y presentar cuando menos planes de desarrollo a cinco años. De lo contrario, todo será incertidumbre.
