Lo acontecido en relación a los 43 estudiantes no localizados de Ayotzinapa y los efectos que está causando en todo Guerrero y más reciente a nivel nacional se ha convertido en una llamada de atención para partidos políticos, gobiernos estatales y el gobierno federal. El sentimiento que se está consolidando en la opinión pública (y en la publicada) se podría resumir en hartazgo, intolerancia, hacia los malos resultados de cualquier autoridad.
Lo acontecido tiene que ser visto con extremo cuidado por autoridades federales, pues el bono democrático que les trajo el haber llegado a la Presidencia de la República y sus éxitos legislativos ya no es suficiente para satisfacer a la sociedad. Ayotzinapa es un quiebre en la relación del gobierno con los medios de comunicación, pero también con los gobernados. Un parte aguas que requiere, en lo subsecuente, una ejecución perfecta de planes gubernamentales. El sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión no es una excepción. Van algunos ejemplos:
1) Construcción de la red mayorista: un proyecto opaco y al que se tendrán que destinar cuando menos 130 mil millones de pesos en el despliegue de la red mayorista en la banda de700MHz. Hasta el cansancio se le ha dicho al gobierno que este modelo sólo opera en Ruanda y de manera preliminar. Pero sobre todo que en el resto del mundo son los operadores de comunicaciones los que pagan al Estado por usar esas frecuencias. Pero aquí al revés, el gobierno quiere gastar millones de dólares en una asociación poco transparente con quién sabe qué empresa.
Pero no sólo es lo ofensivo del gasto para este proyecto. Está también el problema que para cuando inicie operaciones, hasta el 2018, su tecnología podría ser obsoleta. Una de las características de las redes móviles es su constante evolución. Hace unos años todos nos impresionamos con las ventajas de las redes 3G, hoy en día dichas virtudes son obsoletas. Las compañías celulares han tenido que invertir fortunas en poder migrar sus redes a 4G o a LTE. Cuando ahora se busca mejorar la calidad de voz en una nueva tecnología: la VoLTE. Lo mismo podría suceder con la red 700 que planea construirse, el costo que hoy se nos muestra es sólo el enganche de un carro que vamos a pagar con nuestros impuestos. Esta red tendrá mensualidades al infinito, para mantenerla actualizada, y esto será con cargo a nuestros impuestos.
Ahora, en el caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fracase en su mandato para promover condiciones de competencia efectiva, esta nueva red quedará convertida en un elefante blanco. No habrá interés en invertir en el país por más infraestructura que se despliegue. Con lo que su utilidad sería mínima o nula.
2) Nuevas cadenas de televisión: en marzo del año entrante se debieran estar concesionando dos nuevas cadenas de televisión nacional. Si bien Ayotzinapa es un parte aguas que requiere en lo subsecuente, una ejecución perfecta de planes gubernamentales hasta ahora hay siete interesados, se estima serán menos quienes presenten una oferta económica y garantía de seriedad. Este proceso debiera llevarse con extrema transparencia. Sobre todo pues los sobres con las ofertas de todos los interesados no se abrirán con prontitud y estarán meses en manos de la autoridad.
3) Reparto de televisores digitales: el gobierno deberá repartir más de 13.2 millones de televisores a diciembre de 2015 para poder apagar la señal de TV analógica y que quienes estén en padrones sociales de la Sedesol no se queden sin opciones gratuitas de información y entretenimiento. Por lo que el grueso del reparto de televisores será a mediados del año entrante, cuando estaremos en pleno proceso electoral para renovar toda la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas. Es indispensable que este reparto se haga sin fines partidistas.
4) Investigaciones pendientes: resulta increíble como la Cofetel y ahora el IFT han tardado en investigar si Telmex ha violado la normatividad al dar televisión, ya sea vía Dish y/o vía UnoTv. Más de tres años sin avances. Concretar estas investigaciones daría certeza a quienes aspiran a entrar a las nuevas cadenas de TV de cuánto ofrecer de contraprestación al Estado. De lo contrario parece que unos dan servicios sin autorización y sin pagar contraprestaciones, mientras a los nuevos entrantes les exigen al menos 830 millones de pesos.
5) Toma de estaciones de radio y TV: en Guerrero, Durango y Oaxaca integrantes de la CNTE y estudiantes vienen tomando regularmente estaciones de radio para transmitir sus mensajes. La semana pasada estudiantes tomaron en el DF las estaciones de Canal 11 y de Tv UNAM. En redes sociales se viene instigando la toma de más concesionarias. La nueva Ley de Telecomunicaciones establece que la protección de cualquier bien inmueble usado en la instalación u operación de una concesión de radio o televisión estará a cargo del IFT. ¿Cuándo hará público el IFT un plan viable para proteger estas instalaciones estratégicas?
*Agradezco la aportación que para este artículo, en la red de 700 MHz, realizó el Dr. Porfirio Sánchez G.
@JTejado