La semana pasada fuimos testigos de algunas voces, todas ellas interesadas en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpusiera una controversia ante la Suprema Corte acusando que el Presidente Peña y el Congreso de la Unión se habían extralimitado en lo que plasmaron en la Ley de Telecomunicaciones.
Estas mismas voces se enfadaron al ver frustrado su último intento por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara la constitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones. Ya antes habían fracasado en que el Senado, la Cámara de Diputados y hasta el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos llevasen el tema a la Corte. Su última oportunidad, en el IFT, se cerró la semana pasada cuando la mayoría de los comisionados desechó un documento de 107 páginas para llevar el litigio al máximo tribunal del país.
Bastaba con leer y escuchar el tono y los argumentos de quienes impulsaban este tema para darse cuenta que había un interés empresarial detrás de ellos. Una primera pista de que algo había detrás fue que los medios de comunicación que empujaron estos temas tienen todos algún vínculo con el preponderante en telecomunicaciones, ya sea como receptores relevantes de anuncios publicitarios o como participantes socios/clientes en otras relaciones comerciales.
El común denominador que las acciones legales frustradas buscaban era el de reducir la carga regulatoria para América Móvil (Telmex- Telcel), particularmente al intentar eliminar de la ley los dientes que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión incorporaron para regular el poder de mercado América Móvil en el sector telecomunicaciones. Sencillamente, pretendían anular las medidas procompetencia en la Ley de Telecomunicaciones.
La forma desde la cual legisladores afines al PRD y un par de comisionados del IFT pretendían eliminar esos dientes aunque bajo formatos distintos tuvo varios comunicantes. La gran sorpresa del tema es que dos comisionadas del IFT hayan presentado un documento para anular las obligaciones más importantes que se impusieron a América Móvil. Sin más, se buscó eliminar todas las medidas asimétricas al preponderante, la interconexión cero y hasta la regulación para las tarifas discriminatorias (On-Net/Off-Net).
Para defender su actuar podrían decir que prefieren regularlo ellas y que dichas medidas no se las dicte el Congreso, pero si en casi 20 años no pudieron hacerlo los entonces reguladores de telecomunicaciones en la Cofetel, ni el regulador de la competencia, la Cofeco, ¿cómo creer que desde el IFT sí se podría? ¿Cuánto tiempo les hubiera llevado ello? ¿O acaso se trataba de perder muchos más años en análisis de documentos y litigios en detrimento de la competencia?
El que estos litigios institucionales contra la Ley de Telecomunicaciones se hubieran tan sólo presentado habría generado una enorme incertidumbre en el sector, como la que se vivió en gran parte del 2014, año en que hizo falta una ley reglamentaria en telecomunicaciones.
Justamente la semana pasada se conocieron los datos de inversión en el sector telecomunicaciones para el cierre del primer semestre de este año, así como una proyección para el cierre del año. Los números indican que 2014 cerrará con una inversión menor en 14 mil 400 millones de pesos frente a lo que se observó al cierre de 2013. Una disminución de prácticamente 23%.
Una de las explicaciones centrales de esta caída es la incertidumbre que rodeó al sector telecomunicaciones en el presente año como resultado de la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. El efecto de una incertidumbre de mayor plazo como la asociada a litigios ante la Suprema Corte tendría obviamente un impacto aún mayor sobre los niveles de inversión, además de inhibir la entrada de nuevos jugadores tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Sencillamente, la licitación de las dos nuevas cadenas de TV nacionales se hubiera frenado, como hace unos meses pasó, al no haber Ley de Telecomunicaciones.
Con todo ello, las condiciones de competencia, las tarifas que se podrían ofrecer y los niveles de calidad en los servicios se hubieran visto afectados. Por lo que no es exagerado afirmar que el principal afectado por la promoción de estos proyectos, con un sesgo protector del interés del preponderante en telecomunicaciones, hubiera sido el consumidor. Una paradoja que difícilmente podrían explicar los promotores que decían defender a los usuarios cuando al parecer su agenda era otra.
En otros temas: de crearse en los términos propuestos la nueva Procuraduría Federal para la Protección de Niñas y Niños, los medios tendrán que lidiar con la subjetividad para defender cualquier reportaje o entrevista en que aparezcan menores. Como está la iniciativa preferente, programas de la trascendencia social del Teletón no se podrían hacer y de manera permanente editores y reporteros estarían enfrentando elevadas multas y hasta prisión. Es, sin lugar a dudas, una noble intención el proteger de abusos a la niñez mexicana, pero las autoridades podrían utilizar esta ley para censurar a todo tipo de medios.