vía El Sol de México.
Mientras usted está leyendo esta colaboración es posible que en la Cámara de Diputados ya fue aprobada las reformas a la Ley Federal de Derechos 2023, que fija los pagos que anualmente deben cubrir los operadores de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el dictamen publicado en gaceta parlamentaria, no se vislumbra que haya cambios relevantes y que se apruebe tal y como salió de la Comisión legislativa. ¿Qué implica para el sector de telecomunicaciones?
Para el usuario se esfuma la posibilidad de que hubiera cierta baja en las tarifas al reducirse la estructura de costos de los operadores para el caso de que se redujeran los citados derechos anuales; se mantienen las condiciones del servicio y también se alejan mejoras en la calidad ya que los operadores no tienen incentivos para seguir invirtiendo ante el alto costo del espectro; de igual modo se hace más difícil la llegada de nuevas inversiones y la entrada de nuevos oferentes al enfrentar un insumo costoso.
Para el sector empresarial representa un impacto en la inversión (nacional y extranjera), al menos para mantenerse inercial y trae aparejado un retraso tecnológico, lo que ahonda la famosa “brecha digital” que, en lugar de cerrarse, se hace más grande e implica un obstáculo para continuar el despliegue de infraestructura para servicios de nueva generación 5G.
Si no hubo cambios a la baja en los derechos anuales, es porque persiste el ánimo recaudatorio en la administración del espectro radioeléctrico, pese a los llamados de los operadores, de especialistas, del propio órgano regulador, de instancias internacionales e incluso de algunos legisladores, todos coincidían en que debía reducirse el costo del espectro para generar conectividad e inversión en lugar de una recaudación en el corto plazo.
El régimen actual de costos del espectro en México equivale entre 22% y 30% de los ingresos anuales de los operadores, mientras que en el ámbito internacional representa un 6%, bajo esos parámetros difícilmente algún operador deseará entrar a nuestro país y a los que ya prestan servicios mantendrán posiciones prudentes en sus inversiones o de retiro.
El retraso tecnológico y la brecha digital se ahondaran, por ejemplo, funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones ponían como ejemplo que la banda de los 3.5 GHz, idónea para servicios 5G representaría en México un costo de 643 millones de dólares, frente a los 342 millones de dólares que se pagaría en promedio en otros países; de mantenerse esta dinámica se estaría pagando un sobreprecio de 62.2% por explotar frecuencias de espectro radioeléctrico en el transcurso de 20 años que dura la vigencia de una concesión ¿quién cree que paga ese sobreprecio? Lógicamente que los consumidores mexicanos a quienes se les carga este sobreprecio.
Al final del día, el resultado es el mismo, espectro caro y una brecha digital cada vez más grande.
