Javier Tejado Dondé/ Reforma
El Senado y los diputados han reformado la Constitución para que la compra de espacios en radiodifusión sea una de las causales para anular elecciones. Anular triunfos electorales a un candidato ganador por realizar acciones indebidas -como rebasar los topes de gastos de campaña, tener financiamiento ilegal o realizar compras de espacios en radio y TV- es justificado y necesario. Sin embargo, las causales de nulidad deben de quedar claras para no caer en litigios interminables y poner en entredicho el sistema electoral nacional.
Uno de los cambios que llama la atención a la Constitución es que la nulidad de la elección se dará por la “compra de cobertura informativa” en radio y TV. Para el REFORMA, en su edición de ayer, este cambio es “una intromisión de las televisoras”, muletilla editorial socorrida ante falta de información. Los reporteros y legisladores consultados por este diario no tuvieron cuidado en revisar lo aprobado por el Senado y en Diputados. De haberlo hecho, se habrían dado cuenta de un par de elementos fascinantes y que denotan el operar del Congreso.
¿Por qué el cambio? En la Constitución (Art 41 inciso G) sigue prohibido y sin cambio la redacción para que partidos y candidatos adquieran o contraten tiempos en radio y TV. Así, la radiodifusión sigue siendo sujeta de sanción por este concepto, pero para anular la elección sólo queda la palabra compra.
Este cambio es de fondo, pues deja ver la insatisfacción que hay entre los partidos y legisladores con decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual ha sancionado a candidatos y medios al hacer valoraciones subjetivas de coberturas realizadas en radio y TV
Sin hacer investigación alguna ni encontrar elementos objetivos de irregularidades, ha sancionado a varios candidatos. Entre estas decisiones ominosas está el haber sancionado al boxeador Márquez, a TV Azteca, al PRI y al hoy Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, por una transmisión que generó HBO desde Las Vegas. También está una sanción al PAN, a la ahora senadora Cocoa Calderón y a Canal 40 porque la entrevista fue blanda. Y, desde luego, uno de los casos más ilustrativos es la sanción al Instituto Mexicano de la Radio y al senador Javier Corral porque este último hizo comentarios periodísticos de manera coincidente con su campaña electoral.
En estos casos nunca se probó que hubiera adquisición ilegal. Sencillamente, el TEPJF cuestionó decisiones editoriales de medios de comunicación electrónicos. Seguirá prohibido adquirir espacios en radio y TV, lo que seguirá dando margen para interpretaciones subjetivas tanto del nuevo Instituto Nacional Electoral como del TEPJF. Pero para anular elecciones se requerirán mayores valoraciones y objetividad al tener que existir una compra de espacios en radio y TV
Así, la clase política sigue dejando en incertidumbre a los medios de comunicación al poder cuestionar criterios editoriales bajo la figura de la adquisición a título oneroso o gratuito, pero ellos salvan no anular sus elecciones, pues aquí operará un criterio objetivo: el de compra
Con los nuevos cambios a la Constitución, en futuros casos como el del Gobernador Vallejo y los legisladores Calderón y Corral se sancionaría al medio, pero ellos no verían su elección anulada. El Congreso ha fijado así una doble vara: una para medir a candidatos y otra para medir a medios.
Otro elemento no menor es cómo opera servicios parlamentarios en cada Cámara del Congreso. Revisando los dictámenes del Senado y la Gaceta Parlamentaria (pág. 201), es evidente que para el régimen de nulidades los senadores votaron la palabra compra, sin embargo, llegó a Diputados la palabra adquirir. Así, los diputados están corrigiendo un error legislativo que pudiera dejar todo el régimen de nulidades en radio y TV susceptible de ser impugnado y hasta anulado.
CAMBIANDO DE TEMA…
En los últimos días, 3 mil 600 comunidades se quedaron sin servicio de telefonía rural -su única manera de tener comunicación al exterior- derivado de que el satélite Solidaridad dejó de operar, aunque ello estaba previsto desde 2009. Hay quienes apuntan a un craso error de la SCT durante la pasada Administración, pero otros dicen que es error de la actual Administración, pues un nuevo satélite, el Bicentenario, está ya operando y debió haber continuado con el servicio. Telecomm, a cargo de Jorge Juraidini, tuvo que entrar al quite contratando miles de equipos portátiles satelitales (Iridium).
¿Cuánto nos costó ese error? ¿De quién fue? Un tema relevante ahora que se prevé que el Gobierno maneje la red más importante de banda ancha en el País cuando parece tener dificultades para operar la telefonía rural.
Director de Información de Televisa y fundador del IDET. El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas.
Twitter: @JTejado
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