Federico González Luna Bueno/ El Financiero
La siguiente semana, por primera vez, se llevará a cabo un encuentro entre el Poder Legislativo y el órgano constitucional autónomo de las telecomunicaciones en México, hecho que inaugura lo que debiera ser un camino de respeto, legalidad y apertura.
Como se sabe, uno de los aspectos claves de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, apenas publicada en el Diario Oficial el 11 de junio pasado, es precisamente la creación de un órgano regulador de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que cuente con autonomía del Presidente de la República y del Poder Legislativo, garantizada tal circunstancia desde la propia Constitución.
En México la regulación de las telecomunicaciones ha quedado a cargo de un órgano de naturaleza jurídica similar a la del Banco de México, del INEGI o del Instituto Federal Electoral. Pero el hecho de que el Ifetel tenga autonomía constitucional no significa que sea una abstracción del resto del Estado.
De hecho, el Ifetel forma parte de los órganos del Estado mexicano, o si se prefiere, más clásicamente, forma parte de los órganos con los que se gobierna la nación. Es un ente público que ejerce funciones de gobierno y que necesariamente debe mantener una relación con los poderes Ejecutivos y Legislativos, administrativos y políticos.
La propia Constitución, en diversos preceptos, prevé que exista esta relación institucional. La relación, como es natural, se delinea mucho más estrecha con el Poder Ejecutivo, específicamente con las dependencias del sector central encargadas de las áreas de infraestructura, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya sea para contribuir y apoyar en lo necesario al logro de los objetivos de la red compartida mayorista o para el desarrollo eficiente de las políticas de inclusión digital universal, entre muchos otros aspectos.
Con el Poder Legislativo, en cambio, la relación tiene un cariz mucho menos administrativo y más político, situación que no deja de propiciar, en cierto modo, una relación mucho más interesante y compleja. La relación pasa por aspectos de control político a través de los informes que el Ifetel deberá rendir trimestralmente al Poder Legislativo, así como mediante la presentación anual del programa de trabajo. Además, en cualquier momento, en términos del artículo 93 de la Constitución, cualquiera de las Cámaras podrá solicitar al Ifetel que informe de algún asunto que sea objeto de estudio para que se respondan interpelaciones o preguntas.
Un aspecto particular de esta relación interinstitucional entre la Cámara de Diputados y el Ifetel será la aprobación del presupuesto anual del Instituto, función que la Constitución reserva de manera exclusiva a la Cámara baja. No debe pasarse por alto que el artículo 28 constitucional, en su fracción II, establece que la Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal del Ifetel (y de la Comisión Federal de Competencia Económica) “a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias”, disposición novedosa cuyo alcance no es necesariamente muy claro en la medida que todo el tema presupuestal forma parte de las discusiones más amplias acerca del presupuesto de egresos de la Federación, el que por supuesto debe regirse por principios de eficacia y oportunidad.
La del miércoles será una reunión de trabajo, un encuentro para conocer la forma en que el Ifetel, en la visión de sus comisionados, contempla dar cumplimiento a la serie de obligaciones que la constituciones les ha fijado. No es imposible que algunos legisladores cuestionen la idoneidad de la designación de algunos comisionados, pero suponemos que prevalecerá la agenda de trabajo ya establecida por ley para el Ifetel, así como, por supuesto, la evaluación de los asuntos presupuestales, tema sin el cual será imposible que el nuevo órgano pueda cumplir las innumerables y nuevas funciones a su cargo.
Esperemos un diálogo abierto y respetuoso, fructífero en beneficio del desarrollo del sector.
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