En un escenario en el que no se han materializado las promesas de la reforma de telecomunicaciones, la posibilidad de que se elimine uno de los mecanismos torales para su consecución, en este caso la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red del preponderante (interconexión cero), colocaría al sector de telecomunicaciones en un escenario de perder-perder (lose-lose) para todos menos para América Móvil, (Telmex/Telnor y Telcel), es decir, en el que este agente económico sería el único ganador.
Ciertamente ha habido avances a partir de esta medida en la realización de los beneficios prometidos por el mandato constitucional del Artículo 6º, referente al derecho de acceso a las telecomunicaciones en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, entre otras.
Por ejemplo, en lo respectivo a la cobertura y consecuente contratación de servicios, destacan los esfuerzos de inversión realizados por los operadores no-preponderantes para mejorar los estándares tecnológicos y aumentar los niveles de cobertura y calidad de sus redes.
En lo que toca a su asequibilidad y niveles de consumo, la reducción de precios de telecomunicaciones móviles que asciende a 41% ha provocado una intensificación en el consumo del servicio, tal que los minutos de uso (MOU por su sigla en inglés) aumentaron 60%; el envío de SMS, 55%, y el número de MB navegados en internet móvil, 129 por ciento.
No obstante, en materia de gestación de condiciones de competencia, no podemos testificar avances en términos del rebalanceo en el terreno competitivo entre operadores. Ello debido a que el operador incumbente/preponderante en estos mercados mantiene una participación de mercado en niveles, tanto en ingresos como en suscripciones de telecomunicaciones, en la vecindad de aquellos identificados previo a la entrada del marco institucional, legal y regulatorio de la reforma (2T13), con 60.9% (apenas 3.9 puntos porcentuales menor) en usuarios y 61.4% (sólo 4.2 puntos menor) en ingresos.
A pesar de ello, la actual asimetría de tarifas de interconexión, con ahorros económicos para los competidores de 360 millones de dólares al año, ha provocado la implementación de estrategias competitivas basadas en adiciones significativas de capital de infraestructura. De manera que en los últimos años concluidos (2014, 2015 y 2016), estos operadores han ejercido un monto de inversión en infraestructura y consolidación de redes que alcanza 179,800 millones de pesos, equivalente a una proporción de 64.5%, mientras que la razón restante (tan sólo 35.5% o 98,800 millones de pesos ha sido invertida por el operador preponderante.
A partir de ello, se identifica que son precisamente los competidores los que han detonado una dinámica competitiva basada en lo principal en sus inversiones, menores precios y mayor cantidad de servicios, que ha resultado en una mejora en sus condiciones de oferta frente al preponderante en beneficio de los consumidores.
Bajo un escenario en el que estos operadores tengan que pagar (incluso retroactivamente) por la terminación de llamadas se limitarían las oportunidades de inversión, aunado a la elevada probabilidad de permanecer rezagados en términos de eficiencia operativa, de desarrollo de infraestructura y mejora en la calidad de los servicios. Al mismo tiempo que existirían altos riesgos de reconcentración o, en el mejor de los casos, de retraso en la desconcentración del mercado.
En otras palabras, caeríamos en un escenario en el que perderían los consumidores, los competidores, la productividad y competitividad del país, e incluso el propio gobierno al disponer una medida y condiciones que buscan la gestación de competencia efectiva y que ahora pretenden ser revertidas por la voluntad e intereses de un solo agente, frente a la suma de todos los anteriores.
