2019-04-03
En un artículo reciente publicado de manera simultánea en varios periódicos de Estados Unidos y Europa, Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, solicitó a los gobiernos del mundo algo muy inusual proviniendo de una empresa transnacional: regulación. El artículo es interesante porque pone al descubierto la negligencia y apatía de la mayoría de los gobiernos para aplicar la ley al mundo virtual que, con el pretexto de la complejidad tecnológica, la superposición de jurisdicciones y la “libertad” del Internet, fomenta una permisividad que en los hechos viola derechos individuales y, en muchos casos, implica responsabilidades por omisión en delitos de alto impacto como la trata de personas o la pornografía infantil. Con toda razón, Zuckerberg pide que los reguladores globales adopten una postura activa frente a los retos que representa el Internet para la protección de datos personales, la diseminación de información falsa con propósitos políticos y, añadiría yo, el respeto a la honra y dignidad de las personas.
La mayoría de las personas que interactúa en las redes sociales tiene la falsa idea de que el Internet permite el anonimato por lo que se puede dar rienda suelta a los instintos más bajos. Todo lo contrario, la tecnología permite ubicar en tiempo real a cualquier persona en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Tan es así, que las agencias de investigación de muchos países han tenido éxito en desarticular y procesar a bandas del crimen organizado dedicadas al fraude, extorsión, trata de personas, pornografía infantil o piratería, aunque aún hay mucho por hacer. Si bien la ley puede aplicarse a cabalidad con independencia de los recursos tecnológicos que hubieran servido para la comisión de actos ilícitos, es cierto que los sistemas de procuración e impartición de justicia aún operan con protocolos arcaicos que sólo fomentan la impunidad.
En nuestro país, las autoridades reguladoras como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Nacional Electoral (INE) han adoptado una cómoda política que pretende minimizar el impacto de las plataformas tecnológicas en nuestra economía y convivencia social. El IFT, por ejemplo, ha negado el impacto de los nuevos medios y tecnologías de streaming en el mercado de distribución de contenidos audiovisuales; el INAI ha sido completamente pasivo en la protección de los datos personales recabados por las transnacionales tecnológicas y su uso arbitrario para propósitos comerciales; el SAT pretende no darse cuenta de la riqueza generada en México por Facebook, Twitter, Google, Netflix, Spotify o Uber, entre otras, y les ha permitido no pagar impuestos en México; por su parte, el INE sigue regulando la propaganda política en los medios tradicionales y carece de una estrategia clara para enfrentar el grave fenómeno de la información falsa en redes, la injerencia extranjera en las elecciones y la opacidad del gasto en plataformas digitales por parte de los partidos políticos.
La petición de Zuckerberg puede parecer extraña pero es muy sensata. Hasta ahora la mayoría de los gobiernos pretende responsabilizar exclusivamente a las empresas de tecnología por la manipulación de la información, la violación a la privacidad o el uso faccioso de sus plataformas, sin asumir la responsabilidad de crear un marco jurídico claro y previsible. Mientras esto no se haga, los riesgos económicos y reputacionales seguirán recayendo en las empresas ante la cómoda negligencia de las autoridades. Zuckerberg también tiene razón al afirmar que la regulación del Internet debe ser global y que la única manera de mantener la libertad es con una regulación clara y previsible que no obligue a las empresas tecnológicas a caer en una censura subjetiva de la información compartida en sus plataformas, como ha sido hasta ahora.
Muchos, particularmente la clase política del mundo, pretenden ver en el artículo de Zuckerberg un ejercicio de relaciones públicas para salvar cara ante la manipulación política y las violaciones a la privacidad. Yo no lo veo así. Me parece, por el contrario, una señal clara para que empresas y gobiernos trabajen conjuntamente para construir un Internet seguro y confiable. Espero que los gobiernos le tomen la palabra.
