La semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difundió un comunicado en el que destaca que el componente de servicios de telecomunicaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostró una reducción de 13.03% entre julio del 2015 y julio del 2016. Al respecto debo decir que éste es un tipo de anuncio que difícilmente alguien puede criticar, sobre todo cuando ello implica buenas noticias para el ingreso disponible de la gente.
Sin embargo, lo que sí puede hacerse, y que también sería recomendable que haga el órgano regulador, es poner en perspectiva el desempeño a la baja de las tarifas. Es decir, en qué contexto se viene observando la reducción en las tarifas, qué fuerzas o dinámicas son las que explican esa disminución, cómo se compara esa reducción con la tendencia histórica de las tarifas. El análisis simplón explicaría que esa reducción se debe a la introducción de ofertas más agresivas por parte de los operadores. Sin embargo, el análisis complejo que sí debería realizar la autoridad reguladora debe contemplar quién o quiénes iniciaron determinadas estrategias agresivas para reducir tarifas; qué posición en el mercado tienen; qué efectos lograron quienes impulsaron los que iniciaron esas estrategias; cómo afectan la estructura del mercado; sí esos cambios en la estructura del mercado pueden considerarse permanentes o no; si las reducciones o algunas de ellas están siendo impulsadas por el agente preponderante; de ser el caso, si esas reducciones son leales a la competencia o, puesto de otra forma, si esas estrategias de bajar precios o tarifas tienen efectos negativos o perniciosos sobre la competencia; entre muchas otras aristas que deben analizarse.
Hasta hoy todo indica que el IFT se ha conformado con las explicaciones simples, las que no imponen un desafío para su estructuración. Por ejemplo, en mis colaboraciones de las dos semanas más recientes, me he referido a una fórmula que el IFT aprobó a Telmex para que este operador determine el precio de mayoreo que puede cobrar a otros operadores que quieran arrendar parte de su red local para ofrecer directamente servicio de acceso a banda ancha en el mercado, fórmula que ha permitido que Telmex lance al mercado ofertas de acceso a banda ancha a mayores velocidades que los demás operadores simplemente no pueden replicar porque descontando el precio del arrendamiento de la infraestructura que le tienen que pagar a Telmex, salen perdiendo. Entonces, en este caso particular, es verdad que Telmex ha introducido planes de acceso a banda ancha a mayores velocidades que significan una reducción de tarifas, que seguramente están dentro del efecto que midió el Inegi, pero que lejos de alentar una mejor competencia, la perjudican. De mantenerse o permitirse este tipo de prácticas que se disfrazan como ofertas que sólo buscan el beneficio del consumidor, pero que en los hechos se trata de prácticas perniciosas a la competencia, las reducciones en el índice de precios que mide el Inegi dejarán de ser del tamaño o magnitud como el que hoy puede presumir el IFT.
De esta forma, no pueden dejar de reconocerse las reducciones en las tarifas que pagan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, pero tampoco pueden descuidarse las dinámicas que están detrás de esas reducciones. Ésa es una tarea central de un regulador: no presumir las reducciones a la tarifa “El que llama paga” que le aprobó recientemente a Telmex, cuando se trata de reducciones que resultaron insuficientes y que en ese servicio en particular, llamadas de fijo a celulares, le permiten márgenes de ganancia injustificados. Hay que poner un poco de más rigor a lo que se hace.
