2021.07.13
Vía El Economista
Bajo la premisa de que el precio del gas licuado o gas LP ha estado aumentando de manera injustificada y de que no ha podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio del gas por encima de la inflación, y que hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP que se comercializa en México que además se están quedando con márgenes de utilidad muy altos, el presidente López Obrador anunció la semana pasada la creación de la empresa propiedad del estado, que se denominará Gas Bienestar, “con el objetivo de cuidar la economía de la población y acabar con los incrementos injustificados en el costo de este combustible que se han dado en las últimas semanas por encima de la inflación”.
Se trata de un problema que hace varios meses no era señalado por el gobierno del presidente López Obrador. Así que lo primero que podemos deducir es que el gobierno se ha propuesto solucionar un problema de carácter temporal con una medida de carácter permanente. Sin ser un experto en el mercado del gas, y sin subestimar los argumentos sobre un posible problema de competencia en el mercado mexicano, lo primero que no debemos pasar por alto en el contexto de esta decisión es el hecho de que entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre del 2021, el precio del gas LP se incrementó en 43 por ciento en los Estados Unidos, por ejemplo. Muy por encima de la inflación en aquel país.
Habrá que ver cuál será el panorama de los precios de este combustible dentro de tres meses, el plazo que prometió el presidente para el inicio de operaciones de la empresa Gas Bienestar, que ya sabemos será una empresa subsidiaria de Pemex. Pero, el problema de querer resolver problemas coyunturales con ocurrencias con impacto permanente es que la premura de las decisiones orilla a cometer pifias, que en el caso de las decisiones empresariales del gobierno normalmente se traducen en costos para los contribuyentes, que en el largo plazo seguramente se reflejarán en la necesidad de recaudar más impuestos.
De esta forma, el presidente López Obrador ha decidido crear un instrumento de política social utilizando una empresa cuyas pérdidas pretende reducir, que tendrá impacto en las finanzas de Pemex, porque nadie puede hacerse el sorprendido cuando conozcamos los costos que este proyecto representará para la empresa productiva del estado, que frente a la decisión arbitraria de que venda los cilindros de gas LP a un precio determinado por un burócrata, necesariamente se traducirá en pérdidas para Pemex. Bajo este panorama, las necesidades de apoyo a Pemex, bajo la lógica empleada por la 4T, serán mayores en 2022 y años subsecuentes.
En este mismo contexto se inscribe el anuncio de la creación de las gasolineras del Bienestar en Quintana Roo, que según una nota publicada por El Economista, “tienen por objetivo hacer accesible la incorporación de las comunidades y ejidos en la distribución de hidrocarburos”. Lo anterior bajo un modelo cooperativista y de economía social. Los planes del gobierno prevén que después de Quintana Roo, continúen en comunidades de Yucatán y Campeche.
Así que a casi tres años de iniciada la administración del presidente López Obrador se asoma con más vehemencia esa tentación de meter al gobierno a subsanar supuestos problemas de mercado o problemas de mercado mal dimensionados, ya sea convirtiéndose en un proveedor de un servicio o vendiendo algún producto, tentación a la que han sucumbido ya varios países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador, que además coinciden siempre en elegir un nombre común para las empresas, acorde a la aspiración heroica del gobierno en turno en esos países.
Al paso que vamos, muy probablemente pronto nos enteraremos que la empresa CFE Telecom e Internet para Todos se transformará en el Internet Bienestar. Así se consolidan los sueños populistas, con promesas ligeras que se traducen en pesadas cargas para los contribuyentes. Ojalá la 4T se serene y no se desboque hacia esa ruta inútil.
